La Comisión Permanente del órgano rector de los jueces expresa su "rotundo rechazo" a las palabras de la ministra.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su apoyo al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y ha expresado su "rotundo rechazo" contra las declaraciones en su contra vertidas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que acusa de falta de "lealtad institucional".
En una declaración institucional, el CGPJ reafirma "la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".
La Comisión Permanente considera "imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
Por ello entiende que las palabras de Ribera son "contrarias al principio de lealtad institucional", y también al "deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia". Subraya el CGPJ que "sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho".
"La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos", añade.
Por último, el CGPJ apela a "la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.
Alegaciones "absolutamente rechazables"
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que el juez del caso Tsunami Manuel García-Castellón actúe guiado por una "pretendida motivación política" en respuesta a la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados.
La Sala, en un auto dictado este mismo viernes al que ha tenido acceso EFE, rechaza un recurso de Josep Lluís Alay, investigado en la causa, contra unas diligencias que había ordenado García-Castellón.
El auto, del que ha sido ponente Alfonso Guevara, no solo desestima las pretensiones de Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, sino que rechaza de plano las "absolutamente rechazables" alegaciones que hace sobre la motivación de García-Castellón a la hora de dictar los últimos casos. En ellos fue en los que el juez decidió, entre otras cuestiones, pedir al Supremo que investigue a Puigdemont por delito de terrorismo.
"Inaceptable ataque a la independencia judicial"
Varias asociaciones judiciales han censurado también las declaraciones de Ribera. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura, ha denunciado que los responsables políticos están llevando a cabo un "inaceptable" y "permanente ataque" a la independencia judicial.
Esta asociación subraya que "no es de recibo en un Estado de Derecho" que un miembro del Ejecutivo "acuse veladamente a un juez de prevaricar". "Nos causa una enorme tristeza, -aunque ya nada nos sorprende-, que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de 'lawfare' y de judicialización de la política", ha expresado la APM en un comunicado.
La asociación mayoritaria de jueces ha recordado que en una democracia plena las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y si no se está de acuerdo con ellas, "se recurren cumpliendo los trámites legales".
A juicio de la APM, el ataque a la independencia de la judicatura trata de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho.
Por otra parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también ha condenado las críticas de Ribera hacia el juez Manuel García-Castellón: "Señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía", ha advertido la asociación profesional.
A través de un comunicado, el miembro del Comité Nacional de AJFV, Luis Ortiz, se ha referido así a las declaraciones de Ribera en las que ha asegurado que las acciones del juez Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".
"Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política", ha explicado esta asociación, que ha precisado que los pronunciamientos judiciales, en un caso como este, obedecen a una petición de las partes, ya que el juez da respuesta a un recurso y, si no lo hiciera, "estaría cometiendo un delito".
"Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia", ha lamentado el miembro de esta asociación. Tras recordar que "España es un Estado de Derecho", Ortiz ha exigido "respeto" al Poder Ejecutivo "porque con comentarios como este sólo se está perjudicando al país".
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