El presidente de la Generalidad valenciana, Carlos Mazón, ha desvelado que, durante...
El presidente de la Generalidad valenciana, Carlos Mazón, ha desvelado que, durante la gestión de su antecesor, Ximo Puig, se desviaron irregularmente 700 millones de euros. La cantidad apabulla. Perpetrado el pufo al alimón por los socialistas del PSPV y los catalanistas de Compromís, siempre según Mazón, esa cifra, así como la de 4.000 contratos irregulares, ha sido comprobada por el nuevo Gobierno que ha ordenado ya una auditoría de infarto a todo el sector público.
El presidente Mazón ha decidido también suprimir seis empresas fantasma puestas en marcha por socialistas y procomunistas. A nadie sorprende este hecho porque ha sido utilizado por muchos de los partidos gobernantes tanto en la nación, como en las Autonomías y en los Municipios. Convertidos en agencias de colocación, los partidos, cuando se enfrentan con límites en sus administraciones, se inventan empresas públicas y a ellas van a parar, con sueldos suculentos, parientes, amiguetes y paniaguados.
“No voy a pasar página”, ha advertido el presidente Mazón, irritado y avergonzado por las tropelías cometidas durante la gestión anterior. Son muchos los valencianos que esperan ver sentados en el banquillo primero y en la cárcel después a algunos de los que se han enriquecido a través del dinero público recaudado gracias a unos impuestos casi confiscatorios.
Según el entorno del presidente, se fraguaron 253.122 contratos a dedo. Todo ello y otras alarmantes adendas han generado una deuda histórica que roza los 60.000 millones de euros.
El escándalo se ha hecho abrumador y son muy extensos los sectores de la opinión pública valenciana que exigen la clarificación de los abusos que, de confirmarse, convierten a la anterior Administración pública de la Autonomía valencia en un auténtico colador de corrupciones e irregularidades
