La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una enmienda para prohíbir que se puedan indultar o amnistiar delitos de malversación, algo que se incluiría en la futura directiva europea contra la corrupción y que supondría un nuevo mazazo para el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena negociación de la controvertida ley de amnistía.
La propuesta ha salido adelante con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones y será votada por el pleno para su adopción definitiva entre los días 26 y 29 de febrero. El PSOE ha votado en contra.
Los eurodiputados de esta comisión fijan así la posición que el Parlamento Europeo defenderá en las futuras negociaciones con el Consejo (los países) sobre esta directiva propuesta por Bruselas en mayo de 2023, por lo que aún no es seguro que el articulado salga adelante en el texto final.
La enmienda de compromiso pactada por los grupos de la Eurocámara, a propuesta de PP y Vox, reza que los países de la UE "deberán tomar las medidas necesarias para prohibir cualquier perdón o amnistía a personas que hayan sido considerados culpables por los delitos bajo el paraguas de la directiva".
"El Parlamento Europeo acaba de aprobar la enmienda del PP Europeo para prohibir amnistías por delitos de corrupción. Ni impunidad ni privilegios. Usaremos en la UE todas las vías a nuestro alcance frente a la amnistía a corruptos y contra la igualdad", ha dicho en redes sociales la portavoz del PP europeo, Dolors Monserrat. "Otra derrota de Sánchez, hoy en Bruselas", ha dicho por su parte el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé.
Dado que apenas quedan tres meses de actividad política en esta legislatura, es posible que la negociación de la forma final de la directiva anticorrupción continúe a partir del verano, cuando se constituya el Parlamento Europeo que salga de las urnas del 6 al 9 de junio.
Con esta propuesta, Bruselas buscaba también introducir definiciones comunes y un mínimo en las penas máximas para diversos delitos hoy castigados de manera heterogénea en toda la UE y reducir tasas preocupantes en las encuestas sobre la percepción de la ciudadanía de este tipo de delitos, ya que casi el 70 % de los europeos piensa que la corrupción está "extendida" en su país.
Bruselas proponía, por ejemplo, que los delitos de malversación en toda la UE no puedan ser castigados con una pena máxima inferior a cinco años de prisión, superior a algunos tipos en el Código Penal español reformado en 2023 con un acuerdo entre el PSOE y ERC.
La reciente reforma del Código Penal español, realizada ad hoc para contentar a los socios separatistas de Sánchez, contempla para ciertos casos penas por malversación de 1 a 4 años, como por ejemplo los dirigentes catalanes que convocaron el referéndum independentista de octubre del 2017.
El Parlamento Europeo, de hecho, va más allá de la propuesta de Bruselas y sugiere que el límite superior de la horquilla de penas de prisión para la corrupción sea de, al menos, seis años.
También sugieren ampliar la definición de personas que quedarían sujetas a esta regulación para incluir "cualquier persona a la que se le confíen tareas de interés público o a cargo de un servicio público".
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