No se trata de una maniobra política interna. No se trata de una especulación antisecesionista...
No se trata de una maniobra política interna. No se trata de una especulación antisecesionista. No se trata de cutreces a cargo de tertulianos audiovisuales. Se trata de un informe del Senado de los Estados Unidos de América. Se trata, como afirma David Alandete en ABC, de “las ansias expansionistas de Vladimir Putin”, de la denuncia del Senado estadounidense: “había cargos del partido Convergencia i Unió sobornados por delincuentes rusos con estrechas relaciones con los círculos de poder en Moscú”.
La gravedad de lo descubierto y afirmado por los senadores de Estados Unidos a nadie escapa. La Rusia de Putin que no renuncia a recuperar la influencia perdida tras la caída del muro de Berlín, ha maniobrado con grupos separatistas de Francia, Italia, Alemania y España para fragilizar la estabilidad de la Unión Europea. Ha hecho correr la torrentera del dinero fácil y los sueños que robustecían el poder de los separatistas. La Justicia española está investigando hasta qué punto, el prófugo golpista Carlos Puigdemont se encuentra enredado en las maniobras del país ruso. El Código Penal español define como delito de alta traición conspirar con una nación extranjera, en este caso para fracturar la unidad territorial de España. Si se demuestra la comunicación y colaboración de Carlos Puigdemont con los activistas rusos difícilmente podrá salvarle Pedro Sánchez del peso de la Justicia nacional.
En Waterloo no le llega la camisa al cuerpo a Carlos Puigdemont. En Moncloa se multiplica la preocupación por una situación que se le complica a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se ha comprometido, a cambio del plato de lentejas de los siete escaños de Junts, que garantizaban su investidura, a facilitar el regreso triunfal del prófugo a Cataluña. La eventual acusación de delito de alta traición costará mucho esquivarla a los juristas monclovitas. Al margen de los delitos de rebelión, sedición y prevaricación del procés, al margen de la sospecha de respaldar acciones terroristas, todo ello amnistiado por la ley zarandeada en el Congreso de los Diputados, Moncloa se enfrenta con el gravísimo delito de la alta traición perseguido, con el Código Penal en la mano, por varios jueces insobornables.
