La decisión del Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo ha hecho saltar por los aires la negociación.
El acuerdo entre PSOE y Junts sobre el desbloqueo de la ley de amnistía sigue lejos y el plazo del Congreso está a punto de vencer. La fecha límite es el próximo 7 de marzo. Sin embargo, los socialistas estarían dispuestos incluso a pedir una nueva prórroga a los letrados del Congreso de los Diputados cuya presidenta, Francina Armengol, cuya autoridad se ha puesto en entredicho por las informaciones que la señalan por el caso Koldo.
De puertas afuera, todo es optimismo en el Gobierno, que necesita una victoria en su momento más oscuro de la legislatura, tras la dimisión del ex ministro Ábalos y con el caso Koldo estrechando el cerco sobre varios ministros, la presidenta del Congreso y el propio presidente Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba confiada en que se cierre un acuerdo con Junts sobre la ley de amnistía antes del 7 de marzo para que posteriormente el pleno del Congreso pueda debatir y votar un nuevo dictamen en el pleno del Congreso.
Montero ha asegurado a los medios de comunicación del Congreso que las negociaciones siguen en el terreno de la "discreción" para trabajar en un acuerdo, que espera que sea "previo" a la fecha límite del 7 de marzo que tiene la Comisión de Justicia para votar un nuevo dictamen a la ley.
En el mismo sentido, Sumar también confía en que se llegue a un pacto en los próximos días y no tiene constancia de que pudiera haber una prórroga más en su nuevo trámite por comisión.
Pero este optimismo chocaba con la situación procesal del principal interesado en la ley de amnistía, Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo abría una causa penal contra Carles Puigdemont en el marco de la investigación de Tsunami Democrátic.
Los magistrados de la Sala de lo Penal, por unanimidad, admiten la petición del juez García Castellón de procesar al expresidente catalán en la causa que vincula los actos de Tsunami con terrorismo.
Es precisamente la negativa del Gobierno a incluir el terrorismo en la amnistía del 1-O lo que encalló las negociaciones sobre la amnistía entre PSOE y Junts.
Sin embargo, entre el Gobierno prima la voluntad de presentar el acuerdo como posible. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestaba que no es "ninguna sorpresa" que el Tribunal Supremo vaya a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo y ha sostenido que ello no debe provocar "ninguna interferencia" en las negociaciones sobre la amnistía.
En declaraciones a los periodistas antes de visitar el DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Montero ha asegurado con relación a la decisión del Supremo y la ley de amnistía: "No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal".
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