Semana decisiva para la legislatura: Sánchez, obligado a pactar la amnistía con Puigdemont antes del jueves

Después del batacazo de Galicia y con el tsunami de acusaciones sobre miembros del Gobierno que arrastra el caso Koldo, Sánchez necesita aprobar imperiosamente la ley de amnistía para mantener cierta estabilidad en su legislatura, al menos en el corto plazo.

La cuenta atrás para desatascar la ley de amnistía en el Congreso vuelve a ponerse en marcha a partir del lunes, ya que la ampliación del plazo que pidió el PSOE para acordar un nuevo texto concluye el próximo jueves, día 7, y PSOE y Junts deben sacar adelante el dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso.

Aprobar la ley de amnistía se convierte para Sánchez en un paso obligatorio si quiere seguir adelante con los presupuestos. El apoyo de Junts es clave para tener las mayorías necesarias y esos siete disputados están a la expectativa de lo que ocurra en estos cuatro días.

Pese a que PSOE y Junts celebraron las conclusiones preliminares extraídas de la filtración del borrador de la Comisión de Venecia, órgano concultivo del Consejo de Europa que analiza la ley de amnistía, el texto sin embargo refleja que el proyecto legislativo que preparan socialistas y separatistas dista mucho de ser correcto.

Expertos constitucionalistas remarcan que dicho informe remarca que el proyecto legislativo es "manifiestamente mejorable". La ley debería ser adoptaba por una amplia mayoría parlamentaria y, pese que la Comisión de Venecia afirma que no es de su incumbencia valorar la constitucionalidad o no de la ley, la controversia que la rodea debería llevar a que se adoptara mediante una reforma constitucional. Además, critica el método de tramitación utilizado, ya que no hubiera debido tramitarse con urgencia y debería contar con los informes técnicos preceptivos.

La Comisión de Venecia señala que tanto el ámbito de aplicación temporal como el de los delitos afectados es impreciso y que ello debería subsanarse. Los delegados europeos consideran que si bien la "reconciliación" puede ser un objetivo legítimo, se hubiera tenido que hacer un estudio previo de impacto de la norma, para ver si se cumplía con el principio de proporcionalidad y si se incluían a las personas debidas, por lo que se debería clarificar mejor el objetivo de lo amnistiable en relación con la malversación, para precisar qué se incluye y qué no.

Por último, la Comisión de Venecia critica también la falta de claridad en las medidas cautelares, especialmente en relación con la cuestión de inconstitucionalidad. Aún así, desde PSOE y Junts hacen oídos sordos a las recomendaciones llegadas desde el Consejo de Europa y dan por hecho que cuentan con su aval.

Tampoco dan importancia ambos al respaldo del Tribunal Supremo a las tesis del juez García Castellón al abrir una causa por terrorismo a Carles Puigdemont, delito que causó que Junts se echara para atrás en la votación de febrero sobre la ley de amnistía al ver peligrar la seguridad jurídica de su líder Puigdemont. Para el Gobierno este último hecho debe verse "como un trámite procesal", en palabras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya que "no decide calificar como terrorismo ningún hecho".

De momento, la discreción ha protagonizado las negociaciones y en los últimos días el peso en Junts lo ha llevado su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, después de que el secretario general de JxCat, Jordi Turull, haya sufrido una crisis cardíaca y hasta el viernes no recibiera el alta hospitalaria.

"Nunca hemos dejado de negociar", apuntaba Nogueras estos días en los pasillos del Congreso sin desvelar si habrá nuevas enmiendas y después de que se haya enfriado una posible modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción judicial.

"Nos concentramos" en este asunto y "esperamos que al final haya un acuerdo", remarcaba el líder de Junts desde Estrasburgo (Francia), al tiempo que el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, incidía en que la amnistía "es más necesaria que nunca" y espera su aprobación "pronto".

A la espera de si hay o no pacto el Parlamento europeo ha pedido "transparencia total" ante la UE sobre las negociaciones y una delegación del Congreso y del Senado se prepara para visitar a la Comisión de Venecia que presentará su informe el 15 de marzo.