El organismo estudia por malversación, prevaricación y tráfico de influencias los contratos suscritos por los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.
La Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés) ha anunciado este lunes la apertura de una investigación sobre los contratos suscritos por los antiguos gobiernos autonómicos socialistas de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, con la trama de Koldo García para la compra de mascarillas 'fake'.
En un comunicado, el organismo comunitario indica que investigará el asunto por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en cinco contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas por un valor de casi 16 millones de euros.
En concreto, la comunidad gobernada por Torres se efectuaron compras de material sanitario por unos 12 millones de euros, mientras que en el caso del Servicio de Salud de las Islas Baleares fueron 3,7 millones de euros.
Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados, como recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.
Sobre la base de la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea, precisa la EPPO.
Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. De manera que siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, ya sea en lo que respecta a los ingresos o a los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, tienen la obligación legal de informarlo a la Fiscalía Europea sin demora.
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