Los cambios pactados por el PSOE con Junts y ERC en la ley de amnistía acotan los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia en base a la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal.
A petición de la formación que lidera Carles Puigdemont, se amplía también dos meses el ámbito temporal de la amnistía, que irá del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.
Estos son las principales modificaciones acordadas en las enmiendas, a las que ha tenido acceso EFE.
El terrorismo
En el caso del terrorismo, se borran las referencias al Código Penal y se señala que quedan sin cobertura "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo", según la directiva europea de 2027, y que, a su vez, hayan causado "de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos".
En particular quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura- y al derecho internacional humanitario.
La traición
Respecto a los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional recogidos en el Código Penal, se concreta que quedarán excluidos de la amnistía solo cuando se haya producido "tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".
Se remiten en este caso a los términos establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la resolución 2625 aprobada por la Asamblea General en 1970.
Las torturas
Quedan también excluidos los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la amnistía los cubrirá cuando "no superen un umbral mínimo de gravedad", porque no resulten idóneos para humillar o degradar a una persona, dañar su dignidad o "provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física".
La malversación
El texto acota la amnistía del delito de malversación, que estará cubierto por la medida de gracia "únicamente" cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el 'procés' y "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento".
Y concreta que no se considerará enriquecimiento el uso de fondos públicos para el procés cuando, "independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico", no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".
Las multas
La ley deja claro que no habrá indemnizaciones y que tampoco se reintegrarán multas ya abonadas, aunque con la última modificación se abre la puerta a que se devuelvan multas impuestas en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, la conocida ley mordaza.
Se podrá hacer salvo que se trate de infracciones muy graves y siempre que la administración que impuso la sanción estime que concurren "criterios de proporcionalidad" para hacerlo.
Posible fecha de aprobaciónb: finales de mayo, principios de junio
La ley de amnistía podría estar aprobada definitivamente a finales de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas, ya que tras su aprobación este jueves en la Comisión de Justicia la norma será ratificada por el pleno de la Cámara Baja el próximo jueves, para iniciar luego su trámite de dos meses en el Senado.
Una vez que el dictamen de la ley sea aprobado previsiblemente por 178 diputados (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y el del exdiputado socialista José Luis Ábalos), la norma entrará en el Senado para iniciar un trámite que será largo, ya que como ha anunciado el PP -con mayoría en la Cámara Alta-, intentará frenarla por considerarla inconstitucional.
Y es que después de que la Mesa del Senado haya reformado el Reglamento de esta Cámara para decidir si aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley con el fin, precisamente, de ralentizar la amnistía, la norma tendrá una tramitación ordinaria que, como mucho, puede dilatarse dos meses.
La ley podría entrar en la Mesa del Senado para ser admitida a trámite entre el 19 y el 26 de marzo.
La nueva letrada mayor del Senado, Sara Sieira, será la encargada de firmar el nuevo informe jurídico que debe acompañar a la iniciativa para ser admitida a trámite. Y aunque Vox ha instado al PP a rechazar la entrada de la ley en la Cámara Alta, los populares no lo ven factible porque consideran que el Senado tiene la obligación de tramitarla.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido un informe a los letrados para que se pronuncien sobre el recorrido legislativo que tiene que tener la ley.
La Mesa del Senado designará previsiblemente a la Comisión Constitucional como el órgano para tramitar la amnistía y fijará el plazo para registrar vetos y enmiendas parciales.
Fuentes parlamentarias del PP han señalado a EFE que la intención es que antes de que finalice el plazo de registro de enmiendas a la ley se celebre en la comisión Constitucional -presidida por el expresidente del Senado Pío García-Escudero- una serie de comparecencias de juristas y expertos constitucionales, después de que esta misma petición fuera rechazada en el Congreso.
De esta forma, tras las comparecencias se procedería a debatir y votar en el pleno del Senado las enmiendas registradas y los vetos si los hubiera.
El trámite en el Senado se producirá después de conocerse probablemente los informes que la Cámara Alta ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y a la Comisión de Venecia, y cuyos textos deberían estar listos la próxima semana.
Una vez que el pleno del Senado rechace la ley aprobando las enmiendas del PP -que podrían pedir su derogación como así ocurrió en el Congreso-, la proposición de ley volverá a la Cámara Baja, para que los socios de Pedro Sánchez vuelvan a restituir el texto original y aprueben definitivamente la norma.
De esta forma, verá la luz seis meses después de que la iniciativa fuera registrada por el PSOE bajo el trámite de urgencia.
Eso sí, tras unas duras negociaciones con Junts y ERC sobre los delitos de terrorismo y tras sortear los obstáculos puestos por el PP, con informes jurídicos de por medio y con polémicas sobre los letrados de las Cortes incluídas.
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