Junts cree que no hay garantías de que Puigdemont no sea detenido si vuelve a España

Junts asume que no hay "garantías" de que el expresidente catalán Carles Puigdemont no sea detenido si regresa a España, pese a que la ley de amnistía ya esté en vigor, pero confían en que en un Estado democrático de derecho se aplica la ley, y avisan con ironía de que no cabe la objeción de conciencia a la hora de cumplirla.

La ley de amnistía, que este jueves obtendrá el visto bueno del pleno del Congreso y pondrá rumbo al Senado, establece que los jueces deben anular las medidas cautelares adoptadas contra investigados en causas relacionadas con el "procés", como la orden de detención nacional que pesa contra Puigdemont, que huyó de España en 2017.

Pese a ello, fuentes de Junts reconocen que no hay seguridad de que Puigdemont no vaya a ser detenido si regresa: "Garantías, como tales, ninguna, pero todos confiamos que esto es un Estado democrático de derecho donde se aplica la ley; sería muy difícil justificar que unas leyes las aplico yo y otras no".

Desde la formación independentista recuerdan que la ley marca un plazo de dos meses a los jueces para aplicarla. Si estos tienen dudas sobre la norma, podrán consultar tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero si no anulan las medidas cautelares antes, advierten, las defensas también pueden plantear que el TJUE obligue cautelarmente a España a hacerlo.

Tras el adelanto de los comicios en Cataluña anunciado ayer por el president Pere Aragonès, Puigdemont asumió que, según el calendario electoral planteado -12 de mayo- y la tramitación de la ley de amnistía, podría regresar para el debate de investidura.

Desde Junts comparten este planteamiento y explican que el expresident podría presentarse a esos comicios y también a los europeos, fijados el 9 de junio, si bien, en el caso de ser elegido en ambos, debería elegir a la hora de tomar el acta.

En el caso de ser elegido en las catalanas, decaería su aforamiento como europarlamentario, de modo que el Tribunal Supremo debería plantear un suplicatorio ante el Parlamento catalán para proceder contra él, según las fuentes de Junts.

Aseguran, además, que la ley no se ha hecho a la medida de Puigdemont, sino para abordar un problema que viene de la criminalización de la política en Cataluña y que podrá favorecer a un millar de personas, entre 300 y 400 en causas penales.