En un duro informe afirman que la norma supone una "reforma encubierta" de la Carta Magna.
La ley de amnistía aterriza este martes en el Senado después de que el pasado jueves fuese aprobada por la exigua mayoría sanchista del Congreso. En un contundente informe previo a la tramitación de la Mesa, los letrados de la Cámara Alta advierten sobre la inconstitucionalidad de la norma e incluso afirman que supone "una reforma encubierta" de la Carta Magna.
En su escrito, los juristas denuncian que la amnistía implica una "invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales (como la igualdad, la libertad ideológica o la seguridad jurídica) y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de Constitución". Por ello, alertan, "dinamita la normatividad de la Constitución". "Según esta tesis, existiría una potestad legislativa implícita de las Cortes Generales que podrían legislar libremente sobre todo lo no mencionado por la Constitución. Esta tesis a favor de la libertad legislativa se apoya también en la idea de que se estaría restringiendo el ámbito de la potestad legislativa de las Cortes Generales si el silencio de la Constitución se interpreta en sentido prohibitivo. A nuestro juicio, un planteamiento de este tipo dinamita la normatividad de la Constitución, que es una de sus características principales en cuanto norma superior del ordenamiento jurídico", sostienen.
Los letrados se pronuncian en contra de muchos otros aspectos, como el procedimiento de urgencia para tramitar la norma, algo también criticado por la Comisión de Venecia. "Para otorgar una amnistía como la que se pretende sería necesario que previamente se reformara la Constitución para prever expresamente la posibilidad de que las Cortes ortorguen amnistías", señalan.
Para la Secretaría General de la Cámara Alta la ley, redactada por los responsables del procés, sus principales beneficiarios, "es en realidad, una reforma constitucional encubierta o un fraude constitucional o un producto normativo imposible". En su opinión la ley se basa en una "posición de relativismo normativo", según la cual "todo lo no prohibido, está permitido", lo cual "deja en papel mojado la Constitución". Por ello advierten de que "para otorgar una amnistía como la que se pretende sería necesario que previamente se reformara la Constitución para prever expresamente la posibilidad de que las Cortes ortorguen amnistías".
También cuestionan la inclusión de los delitos de terrorismo y la malversación. Sobre lo primero opinan que el legislador, "de una forma incorrecta, se remite a una Directiva Europea que ya no resulta de aplicación" ya que "ha sido transpuesta y por tanto, está agotada" y se ha remitido al Senado "ignorando que, en primer lugar, se debe aplicar el Código Penal español, que es la norma de transposición". En síntesis, la namnistía deja a España fuera de la normativa comunitaria sobre terrorismo.
En cuanto a la malversación, consideran que también viola la legislación europea, en tanto en cuanto "elimina su consideración como infracción penal, aunque sea para un ámbito temporal y personal limitado y concreto". "El concepto armonizado de malversación (que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión) no está condicionado por el hecho de que concurra o no un propósito de enriquecerse", agregan.
Tramitación
Por otra parte, los letrados recomiendan que la tramitación la lleve a cabo una comisión conjunta de 32 senadores, integrada por miembros de dos comisiones ya establecidas: la Constitucional y la de Justicia.
Así está recomendado en una propuesta, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, que los letrados hacen a la Mesa antes de su reunión de este martes a las 12:00 horas, en la que tiene que calificar la proposición de ley de amnistía que le fue remitida por el Congreso.
Los letrados de la Secretaría General del Senado recomiendan también que esa comisión conjunta que estudiará la amnistía esté integrada por 17 senadores del PP, 9 del PSOE, 2 del grupo de ERC y Bildu, y uno de cada uno de los otros cuatro grupos.
La designación de los senadores para esta comisión específica para la amnistía saldrían de entre los que ya forman parte de la Constitucional y de la de Justicia, y los grupos tendrían que remitir a quiénes eligen antes de este jueves 21 a las 12:00 horas, según la propuesta de los letrados a la Mesa.
Los letrados piden a la Mesa que elija el procedimiento ordinario para la tramitación, con lo que el plazo límite antes de que retorne al Senado será de dos meses, hasta el 16 de mayo.
El plazo para la presentación de enmiendas será de diez días hábiles desde la publicación de la proposición, por lo que los letrados señalan que concluirá el 3 de abril.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado también atenderá a cuestiones relativas a la ley de amnistía, en cuanto a su contenido autonómico, y este miércoles 20 tiene prevista una reunión para designar una Ponencia en ese sentido.