México y España se encontraron en 1975 en el umbral de posibilidades democráticas: la organización de toda la oposición en la península ante el agotamiento del modelo autoritario de Franco --versión Linz-- y la sucesión presidencial del Gobierno del presidente Luis Echeverría al de José López Portillo.
En ese año de 1975 miembros de la Junta Democrática de España visitaron México para promover su propuesta de transición pactada y se reunieron --sobre todo Santiago Carrillo-- con el presidente del PRI mexicano, Jesús Reyes Heroles --un historiador orteguiano-- y ahí México dijo que no necesitaba una transición democrática porque no era una dictadura como la de España.
La argumentación era muy discutible. México vivía a mediados de los años setenta un modelo de democracia limitada, unipartidista y de presidencialismo absolutista, aunque realizaba elecciones internas con un sistema de partidos bajo estricto control. El PRI dominaba el 85% de los votos, el PAN como partido de derecha aceptaba las condiciones del autoritarismo y se comportaba como oposición leal que no reclamaba que el Estado priista tuviera todo el control del proceso electoral y una minoría de partidos, uno de corte marxista-leninista que estaba aliado al PRI, el Partido Popular Socialista, y otro de corte histórico formado por militares retirados que habían formado parte del Estado Mayor Presidencial del presidente Venustiano Carranza en 1917-1920.
La elección mexicana de 1976 fue atípica: el presidente Echeverría impuso como candidato sucesor --jugando con el modelo español: un político designado a título de rey sexenal--, pero el Partido Acción Nacional se dividió y no pudo poner candidato y el del PRI participó con candidato único con el 98% de los votos.
Después de Tlatelolco y ante el colapso del PAN desde la derecha como oposición leal al autoritarismo del PRI, México tuvo la oportunidad de una gran reforma de instituciones democráticas, pero el presidente López Portillo sólo se conformó con una reforma del sistema de partidos, pero muy en el modelo mexicano de manipulación institucional y los nuevos partidos surgieron del venero del PRI, con excepción del Partido Comunista Mexicano que había jugado un papel muy importante con su discurso de alternancia comunista, pero que se ahogó en la legalidad: el PCM no aguantó el peso del apellido comunista, en cinco años cambió dos veces a socialista y en 1989, diez años después de su legalización, entregó su registro formal a los expriistas capitaneados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, y el PRD liquidó toda la corriente socialista-comunista para sentar las bases del partido Morena de López Obrador que es eminentemente populista, asistencialista y bonapartista.
México no transitó a la democracia y el nuevo sistema de partidos se estranguló en la manipulación institucional. El fraude electoral de 1988 que sigue marcando la vida política nacional condujo a una reforma --la segunda de gran calado-- de las instituciones electorales porque hasta ese año las elecciones las realizaba la Comisión Federal Electoral que presidía el ministro del Interior y controlaba el PRI. El Instituto Federal Electoral nació en 1990 con una relativa autonomía porque lo seguía presidiendo el ministro del Interior, se autonomizó en 1996 sacando a los funcionarios de la estructura pero creando en su lugar un Consejo formado por ciudadanos designados a propuesta presidencial por la mayoría priista. En 2014, el IFE se convirtió en Instituto Nacional Electoral siempre manteniendo la hegemonía de su mayoría legislativa.
En este sentido, México atravesó por un proceso de reformas de instituciones --sobre todo el sistema de partidos y la autoridad electoral--, pero sin que el PRI perdiera hegemonía y control y al disminuir sus votos se encontró una alianza con el PAN para impedir entre los dos una reforma de la autoridad electoral que propuso el presidente a López Obrador para terminar con el modelo de consejeros electorales --la autoridad máxima reguladora de las votaciones-- designados por los partidos e iniciar el modelo de consejeros votados en urna pública por todos los ciudadanos.
Lo que un grupo de académicos que tomó el control de la autoridad electoral ha querido vender es la idea de que con la reforma al sistema de partidos y la creación de un INE con consejeros votados por mayoría legislativa habrían sido una transición mexicana, pero en realidad el problema de la democracia mexicana se puede resumir en un punto cuya permanencia estará garantizando todavía el modelo de democracia autoritaria unipersonal: el poder inmenso del presidente de la República, un monarca absolutista sexenal, a través de tres instrumentos autoritarios: el poder de la fuerza (Ejército y Poder Judicial), el poder del dinero (un presupuesto ejercido sin equilibrio ni contrapesos) y el poder de los programas sociales que convirtió a los electores en beneficiarios del asistencialismo.
Este punto es el que define el poder político del régimen antes priista y hoy de Morena-López Obrador y tuvo su origen en una reforma constitucional de diciembre de 1946 que generó una definición sistémica que la ciencia política ha temido reconocer y modificar: a partir del populismo presidencialista, la democracia mexicana no se mide por elecciones libres sino por el bienestar de la sociedad. Es decir, y eso se prueba históricamente, en los últimos 78 años: que la democracia en México no es la decisión política del ciudadano, sino el bienestar de la sociedad que determina el presidente de la República, el bienestar populista sustituye a la democracia formal.
La reforma constitucional de 1946 creó la definición de democracia mexicana que en la actualidad sigue vigente en el artículo 3 constitucional: México define “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es decir, el bienestar por encima de la democracia en México.
Este modelo de régimen explica por qué la democracia mexicana es populista y no democrática y por qué el PRI gobernó 71 años, el PAN se disfrazó doce años de priista, el PRI regresó con esas doctrinas y López Obrador la ha fortalecido como definición del régimen político mexicano.
Todos los observadores y académicos extranjeros no han entendido el modelo político de la democracia mexicana y parece que seguirán sin entenderlo.
Si (
No(
