El Gobierno avanzó que llevará al Tribunal Constitucional los cambios efectuados en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó este jueves una vista al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros - anteriormente conocido como Valle de los Caídos -, para criticar las modificaciones sobre la ley de Memoria Democrática realizadas en comunidades gobernadas por el PP.
A la vez que se realizaba la visita, el Gobierno anunciaba que elevará a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y al Consejo de Europa las últimas decisiones tomadas por los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. "La ley se va a cumplir", sentenciaba Sánchez a través de redes sociales.
Fuentes del Gobierno han avanzado que, además de su intención de llevar estas leyes al Tribunal Constitucional, recurrirán al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas normas con "las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos".
Además, el Ejecutivo promoverá el debate sobre estas leyes en el pleno del Parlamento europeo a través del grupo parlamentario socialista y se pondrá en contacto con el Consejo de Europa (organización intergubernamental de la que forman parte 46 estados europeos) para alertar de la "posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos".
Entre otros aspectos, el Gobierno impulsará un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar las ley de memoria derogada en Aragón y las de "concordia" presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León. También contactará con la secretaría general del Consejo de Europa y el comisario de Derechos Humanos para informarles de la "gravedad de la situación" y solicitará un informe sobre la situación de la memoria democrática en España.
Sánchez se desplazó a San Lorenzo de El Escorial para conocer los trabajos que se están llevando a cabo para la exhumación de 160 víctimas, cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional, cuya resignificación como futuro centro de interpretación memorialista plantea el Gobierno.
Tras recorrer la nave central de la basílica, el presidente, acompañado del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos, en cuya labor de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética.
En el laboratorio, el equipo forense les ha explicado las labores que allí se realizan consistentes, principalmente, en la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se encuentran en los columbarios, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos, la toma de muestras para el análisis de ADN, así como la elaboración de informes, fotografías y videos del proceso.
Los cambios en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR.
A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los "términos guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.
Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
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