La mayor parte de los juristas de prestigio que he consultado coinciden en afirmar que, tras...
La mayor parte de los juristas de prestigio que he consultado coinciden en afirmar que, tras la rebelión interna en el Consejo Fiscal -y no es la primera vez- Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado al servicio de Pedro Sánchez, debería dimitir.
El escrito conjunto de seis vocales resulta demoledor. Desdeñada la petición del Senado por el fiscal general, los vocales del Consejo arremeten contra la ley de Amnistía y argumentan de forma difícilmente contestable que se trata de un proyecto anticonstitucional, el cual supone además una reforma enmascarada de la Constitución.
No voy a entrar en el fondo de la cuestión. Se trata de un debate estéril, entre otras razones, porque parece claro que el Tribunal Constitucional aprobará la ley de Amnistía. A mi manera de ver es necesario eludir la trampa y el engaño. No hay que embestir la muleta hábilmente tendida por Pedro Sánchez con su mano izquierda sobre el albero del circo político español. Desde el punto de vista político el problema no reside en amnistía, sí, o amnistía, no, que esa es una cuestión debatible.
El problema es que se trata de conceder la amnistía a cambio de los siete escaños que Pedro Sánchez necesitó para ser investido y que precisará durante la legislatura para aprobar las leyes y decretos en el Congreso de los Diputados. Ese do ut des es éticamente deleznable y políticamente un indecente despropósito. Está bien que fiscales, abogados, asociaciones judiciales y juristas varios de alto prestigio se opongan a la ley de Amnistía por anticonstitucional. Pero tengan o no razón, la clave del escándalo reside en que Pedro Sánchez concede una ley de Amnistía, redactada por los propios amnistiados, a cambio de los siete escaños de Junts en el Congreso de los Diputados.
