Las expertas en igualdad denunciadas por Junts por un informe, encargado por el Parlament, en el que apuntaban a la cultura "machista" del partido han acusado a la formación de intentar "coartarlas" para frenar un segundo dictamen en que trabajaban, a raíz de la denuncia de acoso de otra diputada.
La abogada, la trabajadora social y el psicólogo que redactaron el informe han declarado este viernes como investigados ante un juez de Barcelona a raíz de la querella por injurias que les presentó Junts, en una comparecencia en la que han estado arropados por cargos de ERC, Comunes y la CUP, que han exigido a la formación posconvergente que retire su denuncia.
En su informe, los tres técnicos, designados por una empresa externa que ganó un concurso del Parlament, analizaban la denuncia que planteó la exdiputada de Junts Cristina Casol y concluían que, pese a que no había suficientes pruebas para determinar que fuera víctima de discriminación por razón de género, la formación adolece de una base "fuertemente patriarcal" y "un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado".
Precisamente, la abogada y la trabajadora social debían emitir un segundo dictamen, que a raíz de la querella han paralizado, sobre la diputada Aurora Madaula, secretaria de la Mesa del Parlament por Junts -aunque no repite en las listas del 12M- que denunció haber sido víctima de "violencias machistas silenciosas" por parte de compañeros en el grupo parlamentario.
En ese sentido, Eduardo Cáliz, abogado de dos de las denunciadas, ha advertido en declaraciones a los medios que la querella de Junts "no tiene ningún fundamento jurídico" y que su única intención es "coartar a trabajadoras para evitar segundos informes", por lo que sus representadas no han querido contestar a las preguntas de la acusación.
"No queremos entrar en este juego de matón de colegio", ha zanjado Cáliz, unas palabras que ha suscrito Sonia Ricondo, también abogada de la defensa, al subrayar que querellas como la de Junts son un instrumento "muy habitual" con el que se pretende "coartar" las libertades de las víctimas e "intimidar" a las personas que en un futuro se planteen denunciar.
En la misma línea se han manifestado las dirigentes de ERC, Comunes y CUP que han acudido a las puertas de los juzgados de Barcelona a arropar a los querellados, una citación que tiene lugar en un ambiente ya preelectoral por la proximidad de los comicios autonómicos del 12M.
La consellera de Feminismos, Tània Verge, ha considerado que la denuncia de Junts por el informe -el primero que encargaba el Parlament en el marco del protocolo contra la discriminación que aprobó la cámara- constituye "unos hechos muy graves, inadmisibles", teniendo en cuenta que los autores son "profesionales independientes que hacían su trabajo".
A su juicio, "es intolerable" que un partido que aprobó la ley contra las violencias machistas de Cataluña esté "coartando e intimidando" no solo a los autores del informe sino "a todas las mujeres del país", al lanzarles el mensaje de que "si denuncias puedas acabar en los tribunales".
A las puerta del juzgado ha acudido la Cristina Casol, que, entre lágrimas, ha expresado su apoyo a los autores del informe y ha confesado que ha llegado a sentirse "culpable" por haber provocado su imputación: "Estoy muy disgustada, enfadada, enfurecida, enrabiada, todo lo que he vivido y lo que me han hecho vivir me está saliendo ahora".
Ante el juez, según han explicado fuentes jurídicas, los querellados han defendido su independencia, han argumentado que se ajustaron a los procedimientos establecidos en los protocolos del Parlament y, a preguntas del magistrado, han negado cualquier intención de injuriar a Junts con su dictamen.
Han explicado además que han tenido que paralizar el segundo informe en que trabajaban sobre la denuncia de Aurora Madaula a raíz de la querella, que Junts presentó sin solicitar la conciliación previa que suele ser habitual en las denuncias por injurias.
Por su parte, Isabel Elbal, abogada que ha presentado la querella en nombre de Junts, ha afirmado a los medios que el informe sobre la formación supone una "criminalización de todo el partido" sin fundamento alguno, lo que implica una vulneración de sus derechos.
Para la letrada, es "indigno" que se utilice la lucha por los derechos de las mujeres para "intereses partidistas y electoralistas".
Si (
No(
