Una encuesta flash del CIS de Tezanos dispara al PSOE tras la carta de Sánchez

El muestreo da la vuelta al último barómetro del CIS del mes de abril, cuando los populares ganaban con un 33,5 por ciento de los votos, tras acortar los socialistas la ventaja y situarse a un punto del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Ahora, en un estudio con una muestra más reducida de 1.809 entrevistas telefónicas realizadas el pasado viernes, la estimación de voto para el PSOE sería del 38,6 por ciento de los sufragios, a gran distancia de un PP que se quedaría en el 29,2 por ciento.

Vox sería la tercera fuerza con el 11 por ciento del voto estimado (10,1 en el barómetro de abril) y Sumar perdería respaldo, puesto que esta encuesta le concede un 7,2 por ciento cuando en el barómetro mensual obtenía el 8,2 por ciento.

Podemos también rebaja su apoyo, al caer del 3,1 por ciento al 2,6, mientras que los independentistas de Junts seguirían igual, con el 1,4 por ciento, y ERC se dejaría dos décimas hasta el 1,2 por ciento. Los partidos políticos vascos también pierden apoyos, que en el caso del PNV pasan del 1 por ciento al 0,5, y en EH Bildu, del 0,9 por ciento al 0,6.

Reforma de la Justicia a la medida de Sánchez

Casualmente, la encuesta de Tezanos también pregunta a los ciudadanos por uno de los ejes centrales del discurso pronunciado este lunes por Sánchez: la reforma de la Justicia. Según el CIS, el 81,4% de los ciudadanos considera que "tal y como está la situación de la justicia en España en estos momentos" es necesaria su reforma, frente al 11,4% que no lo ve así.

El muestreo, realizado el viernes pasado a partir de 1.809 entrevistas, dedica varias preguntas a la situación de la justicia. Una de las cuestiones planteadas es si la justicia en España actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones "se ve influida por otros poderes políticos o económicos", a lo que una gran mayoría, el 82,6% contesta afirmativamente. Por el contrario, un 9,5% cree que siempre actúa "de forma imparcial".

Además, ante la pregunta de si está justificado el empleo de "mentiras, insultos y ataques personales en el debate político o deberían existir límites que no deberían traspasarse", el 90,5% de los encuestados apuesta por establecer estos límites. Solo un 3,4% ve justificada la utilización de "mentiras, insultos y ataques personales" en la política.