El nombramiento y la posterior actuación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado es la mejor prueba del desprecio de Pedro Sánchez a la separación de poderes y a la “regeneración democrática” de la que tanto habla. Este martes, la Justicia ha vapuleado a ambos. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado, ordenado directamente por García Ortiz, al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Simultáneamente, la sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desoído a la propia Fiscalía y ha admitido a trámite la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra los fiscales María Pilar Rodríguez y Julián Salto por revelación de secretos.
Una victoria de Isabel Díaz Ayuso contra el servilismo con el Gobierno del fiscal general. Y una prueba de que el Estado de Derecho no se arredra ante la ofensiva del presidente del Gobierno contra la separación de poderes. Contra la insostenible arbitrariedad de García Ortiz al cumplir sin rechistar las órdenes del Gobierno. Porque, como alardeaba Pedro Sánchez, “¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso”.
Pues eso ha sido tumbado por la Justicia por la escandalosa desviación de poder protagonizada por el fiscal general del Estado desde que ocupó su cargo, por su descarada dependencia del Ejecutivo al servicio de los intereses políticos de Pedro Sánchez.
El caso de Dolores Delgado es escandaloso. Fue ministra de Justicia de Pedro Sánchez hasta 2020; dos años después, nombrada fiscal General del Estado y, a renglón seguido, fiscal de la Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Una carrera meteórica, ahora frustrada, lograda sólo y exclusivamente por su dependencia de Pedro Sánchez y por el propio abuso de poder del presidente del Gobierno.
Pero los varapalos sufridos por el fiscal General del Estado no tendrán consecuencias, salvo la del grave deterioro de su dignidad profesional. No dimitirá ni será destituido por los incontables fracasos derivados de ese servilismo del Gobierno. Seguirá actuando a las órdenes directas de Moncloa.
Resulta inadmisible que Pedro Sánchez hable del “lodazal” de la derecha cuando es él el que chapotea en el barro. Cuando ataca sin pudor la división de poderes y , por tanto, a un pilar esencial de la democracia. La cacareada “regeneración democrática” debería comenzar por la destitución del fiscal General del Estado y, aunque suene utópico, por la dimisión del propio Pedro Sánchez por su inadmisible desprecio al Estado de Derecho.
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