El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a aceptar una nueva imposición del nacionalismo. En este caso se trata de una aspiración histórica del PNV, que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España para la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, lo que rebaja sensiblemente el poder de la negociación colectiva entre agentes sociales en el ámbito estatal.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto-ley, el referido a los subsidios, que incluye la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos vascos, y el resto de los convenios colectivos autonómicos, prevalezcan sobre los estatales.
Se trata de una medida acordada en el pacto de investidura del PNV y el PSOE de diciembre de 2023 que estuvo en vigor hasta el pasado 10 de enero, cuando el Congreso no consiguió convalidarla, tras cosechar los votos en contra de PP, Vox, UPN y Podemos.
Para articular esta prevalencia se fija en el Estatuto de los Trabajadores que se podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma "que tendrán prioridad aplicativa" sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que su "regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras".
También se añade que podrán tener la misma prioridad aplicativa los convenios colectivos provinciales también cuando su regulación resulte más favorable.
El PNV destaca que el cambio entrará en vigor de forma inmediata y recuerda que da cumplimiento al acuerdo de investidura firmado por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSOE y presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 10 de noviembre.
Reforma del subsidio de desempleo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley que reforma el subsidio de desempleo, elevando la cuantía de esta prestación y ampliando colectivos beneficiarios, así como la norma que elimina el supuesto de despido automático en el caso de invalidez permanente.
Según ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las grandes novedades de la reforma es que se va a poder compatibilizar el cobro de todas las prestaciones de desempleo con el trabajo.
"Los trabajadores vuelven a ganar derechos", ha incidido Díaz, que ha agradecido las aportaciones de los agentes sociales en esta reforma, que sólo se pactó con los sindicatos.
La reforma eleva el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que se utiliza para calcular el subsidio, de forma que la cuantía subirá los primeros seis meses al 95 % del IPREM (unos 570 euros mensuales, 90 euros más).
Junto a esto se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados y se equipara las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres, entre otros cambios.
La reforma de la prestación asistencial de desempleo vuelve a aprobarse tras decaer el pasado mes de enero en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Podemos, siendo uno de los hitos pendientes de cara al nuevo desembolso de 10.000 millones de los fondos europeos.
El Gobierno también ha vuelto a incluir en la reforma del subsidio la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales, siempre que sus condiciones sean más favorables para los trabajadores, pactada con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez.
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