Lo más sorprendente de la actuación de Sánchez durante toda la tramitación de la ley de amnistía en el Senado y el Congreso es que solo hablara de la ley después de su aprobación y lo hiciera para decir que habrá que esperar a que se publique en el BOE. Lo que anunció Sánchez es que, como el refrendo del Congreso no basta para que tenga efectos formales, se retrasa la publicación para que no puedan producirse efectos hasta que se publique. Mientras no lo esté, no estará en vigor, estará en el limbo legislativo.
La afición de Sánchez a ocultar sus decisiones dejándolas en el limbo ya ha quedado sobradamente demostrada tras los cinco días que se tomó después de escribir su carta para anunciar una decisión resuelta de antemano antes del retiro, desde que le llegó información de que el juez había abierto la investigación sobre Begoña Gómez. Ahora Sánchez se ha vuelto a tomar unos días dejando a la ley en el limbo para retrasar los efectos de una decisión ya tomada en el Congreso. Hay que preguntarse qué motivación puede explicar que el Gobierno impida que la ley tenga efectividad retrasando su promulgación y su publicación.
La principal, y acaso la única explicación de esa estancia en el limbo, durante la cual no será efectiva y no puede darse por publicada, es que al Gobierno no solo no le interesa que tenga efecto alguno durante el periodo electoral, sino también que no pueda considerarse como texto publicado. Lo cual es sorprendente, ya que esta es la única ley que puede contar con el seguro respaldo de sus socios de gobierno. El caso es que en todas las sesiones de debate Sánchez no ha dicho una palabra sobre la ley, así que ¿por qué la ha ninguneado durante su tramitación y solo habla ahora después de la aprobación, en pasillo, para anunciar que se retrasa la ley no solo más importante, sino la única que puede contar con apoyo firme?
Conviene recordar que cuando comenzó la legislatura hace más medio año ya había prisa para promulgarla. Se pretendía afianzarla socialmente cuanto antes, esperando que su aplicación y el tiempo contribuyeran a normalizar el olvido en la opinión. Así que ¿a cuenta de qué llega de su boca este inopinado aviso a navegantes y que los ministros comparezcan para una explicatio non petita que insiste, como de pasada de que se trata de un trámite normal, cuando es patente que no lo es?
En la memoria de toda la etapa constitucional no se da un caso similar, ni de retraso ni de aviso del retraso por un presidente que no ha defendido personalmente una ley de esta trascendencia. Al igual que ocurrió con la famosa carta algo se oculta detrás esta típica maniobra que solo se entiende como una nueva muestra del estilo sanchista de gobernar en minoría.
Aunque sean varios los motivos que pueden ocultarse tras este extraño retraso todos ellos tienen que ver con las elecciones. Por supuesto, evitar pronunciamientos judiciales que sean desfavorables a los intereses de los independentistas o que dejen en evidencia las limitaciones de la ley durante el periodo electoral puede ser uno de ellos, pero tal vez no el principal. Lo que más puede entorpecer los intereses del Gobierno no son las declaraciones judiciales, dañen o no a las expectativas independentistas, porque estas se van a producir sí o sí, sino que la publicación de la ley pueda dañar las expectativas electorales del Gobierno y beneficiar las de la oposición.
El tribunal europeo ya conoce el borrador de la Ley. La lleva examinando mucho tiempo. También la Comisión de Venecia ha emitido un juicio provisional. Ahora solo falta para que pueda emitirse un juicio definitivo que la ley, promulgada, se formalice a todos los efectos, lo cual no ocurrirá hasta que se publique. Si el Gobierno tuviera seguridad en su propaganda cuando dice que la Comisión de Venecia y los tribunales europeos respaldan la amnistía en los términos establecidos en la ley, y que no hay nada en ella que sea contrario a la legislación europea, se apresuraría a publicarla e incluso a incitar alguna declaración sobre ella durante la misma campaña electoral. Retrasando la publicación facilita lo contrario, por lo que hay que suponer, aunque la suposición sea especulativa, que no las tiene todas consigo, y que cualquier manifestación europea durante las elecciones podría serle perjudicial.
La oposición tendrá que tener muy en cuenta los motivos que se ocultan para que la ley esté en el limbo durante las elecciones, en especial para enfocar la estrategia electoral cuando la campaña apenas ha comenzado.
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