El Supremo mantiene la orden de detención a Puigdemont tras entrar en vigor la amnistía

El Tribunal Supremo mantiene la orden de detención de Carles Puigdemont el mismo día que entra en vigor la amnistía.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre cómo afecta la ley de amnistía al expresidente catalán, sobre quien sigue vigente y activa la orden nacional de detención que adoptó contra él y así se lo ha transmitido a la Policía.

Con la entrada en vigor de la ley de amnistía, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre cómo se debería aplicar la norma respecto al líder de Junts y los otros líderes independentistas que no llegaron a ser juzgados por el "procés" al haber huido.

Como él, la Sala que juzgó y condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros líderes soberanistas, y la magistrada que investiga a Carles Puigdemont por el caso Tsunami han solicitado informes sobre cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido este martes también a acusaciones y defensas que se pronuncien sobre si debe aplicar la amnistía a cinco causas enmarcadas en el procés, entre ellas la de los preparativos del 1-O y las condenas por desobediencia a los expresidents Artur Mas y Quim Torra.

Las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC por el 'procés', incluido Oriol Junqueras, han presetnado este martes sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la ley de amnistía.

García Castellón también se pronuncia

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa de Tsunami Democratic para que en el plazo máximo de diez días informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad a los investigados en este procedimiento de la Ley de Amnistía, publicada hoy en el BOE.

En una providencia, el magistrado señala que “de conformidad con lo dispuesto en el art 9.1. de la ley se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que, en el término máximo de diez días, informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la ley, a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a los investigados Josep Lluis Alay Rodríguez; Josep Campmajo Caparrós; Marta Molina Álvarez; Marta Rovira i Verges; Oleguer Serra Boixaderas; Oriol Soler Castanys; Xavier Vendrell Segura; Jesús Rodríguez Selles; Jaume Cabani Massip y Nicola Flavio Guilio Foglia”.