Los fiscales del procés se plantan definitivamente ante García Ortiz: no amnistiarán la malversación

Los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del procés han insistido en que no se puede amnistiar el delito de malversacion a los condenados y fugados por ser "improcedente y contraria a las leyes", y abren la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación.

Esta es la respuesta que ya tiene sobre la mesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este martes les pidió que elaborasen un "informe procesal" y "no genérico" como el presentado hace días, en el que ya recogían su postura contraria a la malversación.

Además, los fiscales adelantan que en caso de que García Ortiz no acepte sus argumentos, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada", y a continuación convocar una Junta de Fiscales de Sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.

Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general y por eso los fiscales avanzan que si García Ortiz pretende amnistiar la malversación "será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por el mismo o quien designe a tales efectos", como dicta el artículo 25 del Estatuto, es decir, que se apartarían de la causa.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió a los cuatro fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés que elaboren un "informe procesal" y "no genérico" como el que le presentaron hace días, en el que se oponían a amnistiar la malversación, una postura que mantienen actualmente.

García Ortiz se ha reunido este martes a petición suya con los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno para solicitarles que respondan específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo sobre la amnistía.

Los fiscales han respondido que ellos ya le entregaron un extenso informe de más de 100 páginas hace unas semanas, si bien García Ortiz les ha insistido es que es preciso elaborar "un informe procesal" y "no un informe genérico sobre la ley", porque en el anterior opinaban de cuestiones de las que no eran competentes y de otras sobre las cuales el Supremo no les ha preguntado.

El magistrado del Supremo Pablo Llarena que instruye la causa contra el expresident catalán Carles Puigdemont, la exsecretaria general de ERC y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig así como la sala de lo Penal del alto tribunal han dando un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la ley de amnistía a los hechos en cuestión.