La cúpula fiscal más fracturada que se recuerda ha obedecido, por 19 a 17 votos, la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir al Supremo que amnistíe al expresident catalán Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas implicados en el procés de todos sus delitos, incluida la malversación, y retire las órdenes de detención nacionales que pesan en su contra.
Con ese ínfimo respaldo de sus colegas, el fiscal general ha designado como nuevo fiscal del procés a su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal de Sala jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, que suplirán a los cuatro fiscales del procés en el escrito que se presenta mañana como respuesta al magistrado Pablo Llarena y a la Sala de lo Penal.
La larga reunión de este martes comenzó a las 9.30 con la intervención de los fiscales del procés Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. Estos han abogado por dejar fuera la malversación, dado que -sostienen- la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden que tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional.
García Ortiz ha sido el último en hablar. Durante su turno ha afirmado que el desvío de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1-O "no presupone ánimo de enriquecimiento" alguno y que "resulta difícil aceptar que la conducta generó una amenaza grave para los intereses financieros de la Unión Europea, cuando el relato de hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo señala de forma expresa que ni ese era el objetivo real de los condenados ni su actuación fue objetivamente idónea para lograr la consecución de la independencia de Cataluña".
La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general, está compuesta por 37 fiscales, 34 de los cuales han asistido presencialmente, más el jefe del Ministerio Público. 17 de ellos pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, de la que es afiliado García Ortiz, otros 9 son miembros de la conservadora Asociación de Fiscales mientras que 11 fiscales son no afiliados.
En el escrito que remitirán los dos nuevos fiscales del caso, pedirán amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados también por malversación.
La Fiscalía pedirá, sobre la base del informe del fiscal general, que se proceda a "declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", que son Puigdemont, Comín y Puig.
Y reclamará, siempre según el mismo informe, que se levanten las órdenes nacionales de detención porque "desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo" su alzamiento en base al "imperio de la ley".
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