Las elecciones generales de México del pasado 2 de junio para votar presidente de la República, nueve gobernadores, las dos cámaras federales, diputaciones provinciales y decenas de municipios fueron embarcadas en el lenguaje político de que se estaría votando por un paso muy a fondo en la democracia mexicana.
Sin embargo, muy poco duró la ilusión: el proyecto político populista --por identificarlo de algún modo-- del presidente López Obrador acumuló 60% del voto presidencial, contra apenas 27% de la oposición, y el lopezobradorismo logró la mayoría calificada en las dos cámaras para modificar la Constitución sin acuerdos opositores, con la salvedad de que en el Senado le faltaron dos legisladores que con mucha facilidad se van a lograr.
Para entender bien el fenómeno mexicano hay que aclarar que la propuesta política del grupo de López Obrador fue muy clara: reformas constitucionales para buscar nuevos equilibrios en la redistribución del poder político para replantear el poder económico social, pero siempre dentro del mismo régimen, del mismo sistema político y de la misma Constitución de 1917.
En este contexto, los mexicanos dieron cuenta muy pronto que eso de la democracia es irrelevante: un asalto especulativo del capital privado a la Bolsa de Valores y contra la relación peso-dólar está queriendo condicionar las reformas del grupo ganador, de tal manera que no modifiquen el dominio del capital sobre la política. Es decir, de manera clara, los grandes inversionistas que pueden mover la bolsa y el mercado de cambios mandaron el mensaje de que no aceptarán modificaciones constitucionales y que aparentemente estar en condiciones de retirarse con sus capitales a otro país.
Los electores que votaron por el programa social de gobierno del presidente López Obrador o por el programa conservador de la oposición podrían estar viendo que la democracia no sirve de nada, que se puede respetar el voto en las urnas pero violentar en el choque de poderes económico y público y que eso de la transición a la democracia es un cuento mexicano de ficción.
La élite priista se dividió en 1987-1988 y rompió la unidad del PRI: el ala popular del partido lanzó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas que transformó el Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana, como candidato de la oposición porque en la designación del candidato presidencial oficial de ese año se había optado por el economista Carlos Salinas de Gortari, educado en la praxis política del Estado, pero con un proyecto económico definido en Harvard: liquidar el Estado social, instaurar el neoliberalismo de mercado y subordinar la economía mexicana a las necesidades de las poderosas economías de Estados Unidos y Canadá.
El populismo priista 1934-1982 había conseguido un modelo de desarrollo con política económica social de Estado para mantener un crecimiento promedio anual del PIB de 6%, con apenas inflaciones anuales de 2%-4%; el ciclo neoliberal 1983-2018 sólo pudo alcanzar un PIB promedio anual de 2%, con tasas inflacionarias promedio de 30% y con un tipo de cambio que pasó de 26 pesos por dólar a 13,000 pesos.
En 2014-2018, el líder social Andrés Manuel López obrador encabezó una movilización nacional para dar por terminado el ciclo PRI-PAN 2000-2018 e introducir un regreso controlado al viejo populismo priista, solo que ahora con control del circulante monetario, administración antiinflacionaria del PIB y estabilidad macroeconómica, pero con programas sociales de entrega directa de beneficios a buena parte del 80% de los mexicanos que vivían hace seis años con una a cinco restricciones sociales.
A diferencia del modelo de regreso automático al pasado, López Obrador presentó una serie de iniciativas de reforma como banderas de campaña para el 2024, de tal manera que no se regresará a una nueva crisis de gasto social-inflación del pasado. En cambio, la alianza opositora PRI-PAN-PRD y la ultraderecha movilizó a la clase media y logró sacarla a la calle para defender su proyecto político basado en tres valores conservadores: vida, verdad y libertad, mientras la mayoría mexicana que no es propietaria de medios de producción y que depende de los programas sociales vio con preocupación la prioridad derechista de la ideología y no del nivel de vida.
En este contexto, el saldo positivo para el proyecto de López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo y sus banderas de reformas sociales para consolidar y ampliar beneficios populares comenzó a ser boicoteado por la derecha económica después de las elecciones con especulaciones agresivas a la baja en la Bolsa de Valores y asalto al tipo de cambio, sólo que con la circunstancia agravante de que en las caídas de la bolsa pierden los accionistas y los altos inversionistas y el gobierno mexicano tiene reservas internacionales por más de 212,000 millones de dólares para resistir cualquier ataque especulativo.
Pero lo que debe quedar claro es que la democracia eligió a una nueva administración pública con un programa social concreto y la derecha político-económica está queriendo revertir el mandato de las urnas e imponer la dictadura económica del mercado, sin importar que carezca de votos y por lo tanto no pueda enarbolar una muy menguada legitimidad electoral.
Los inversionistas pueden tener razón en sus temores de que el nuevo Estado social pueda modificar las reglas del juego económico-productivo, pero no hubo engaño porque las banderas de campaña de López Obrador-Sheinbaum fueron las de la reforma del Estado para terminar con el modelo neoliberal del Estado autónomo de Carlos Salinas de Gortari y restaurar el Estado con objetivos de bienestar social mayoritario a favor de las clases no propietarias de medios de producción.
El problema radica en que la mayoría electoral tiene la legitimidad de los votos, en tanto que la minoría económica especulativa está chantajeando con los capitales.
indicadorpolitico.mx
[email protected]
@carlosramirezh
Si (
No(
