El magistrado Pablo Llarena es un juez independiente. Está considerado como uno de...
El magistrado Pablo Llarena es un juez independiente. Está considerado como uno de los máximos conocedores del ordenamiento jurídico español. Es un sabio de la Justicia. Al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo español está realizando una labor objetiva y ecuánime que se ha granjeado el aplauso general. Tras un largo estudio ha decidido, desde la independencia con que siempre ha administrado justicia, que el delito de malversación de caudales públicos, conforme a las dos excepciones contempladas en la ley de Amnistía, no es amnistiable y que, en consecuencia, mantiene las órdenes de detención contra el prófugo golpista Carlos Puigdemont y también contra Toni Comín y Lluís Puig. Tampoco habilita la ejecutoria que inhabilitó, hasta los años 2030 y 2031, a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolores Bassa.
El poder judicial ha venido, una vez más, a robustecer el Estado de Derecho consagrado en la Constitución española de 1978, abrumadoramente aprobada por la voluntad general libremente expresada del pueblo español. Grave revés, en fin, para el presidente Pedro Sánchez, que compró los siete escaños de Junts necesarios para su investidura a cambio de conceder a Carlos Puigdemont una amnistía ahora fracturada.
Bien, en fin, por el magistrado Pablo Llarena. Los que le conocen saben que se trata de un juez experto, incorruptible ante las presiones y ejemplo permanente de independencia, de moderación y de equilibrio. Habrá tiempo de analizar la decisión del Tribunal Supremo con el tiempo y el espacio que exige una decisión de tan alto calado constitucional. Se lo merece el magistrado Llarena y también la opinión pública española, zarandeada durante los últimos meses por la ambición política del sanchismo en el poder.
