El Tribunal Constitucional al servicio de Sánchez y, pronto, de sus socios

Definitivamente, el Tribunal Constitucional se ha quitado la careta. Su “mayoría progresista”, comandada por Conde-Pumpido, acaba de anular las condenas por malversación del caso ERE dictadas por la Audiencia de Sevilla y respaldadas por el Tribunal Supremo. El TC “amnistía” así el mayor caso de corrupción de la democracia, protagonizado por los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, que dilapidaron más de 600 millones de euros destinados a los parados y jubilados en fiestas y juergas, entre otras cosas.

Por si hubiera alguna duda, el Tribunal Constitucional ha dejado al descubierto su absoluta dependencia del Gobierno al acatar las instrucciones de Moncloa y satisfacer los deseos de Pedro Sánchez. Los dirigentes socialistas y, pronto, los socios del presidente del Gobierno saldrán impunes de sus fechorías políticas gracias a esa “mayoría progresista”. La separación de poderes se hace añicos con esta sentencia del TC y, se supone, que con los recursos que avalará el Alto Tribunal sobre los condenados por el intento de golpe de Estado en Cataluña.

Al Estado de Derecho español sólo puede salvarlo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al tener que dictaminar sobre los condenados del procés, lo que ocurrirá cuando supuestamente el TC anule la reciente decisión del Tribunal Supremo al mantener la vigencia tanto del delito de malversación de Puigdemont como su orden de arresto.

La batalla entre el Tribunal Constitucional y el Supremo va a ser encarnizada. Mientras el juez Llarena mantiene que los delitos de malversación no se pueden amnistiar, Conde-Pumpido anula la condena de los dirigentes de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía por el caso ERE; esto es, por la malversación de fondos públicos.

Queda, así, demostrada la chapuza legal, además de inmoral, de la ley de amnistía elaborada a la medida de Puigdemont y basada exclusivamente en la necesidad de Pedro Sánchez de los 7 escaños de Junts para ser investido presidente del Gobierno. Pero también queda demostrada la torpeza de un Gobierno que, después de retorcer la legalidad hasta el límite, no es capaz de lograr sus perversos objetivos. Porque, de momento y por mucho tiempo, Puigdemont sigue condenado por malversación y se mantiene la orden de detención en cuanto pise suelo español. Y es posible, que el prófugo de la Justicia se harte de las trampas de Pedro Sánchez y decida retirarle su apoyo en el Congreso de los Diputados.