Una vez más afirmo que no quiero entrar en la constitucionalidad o no de...
Una vez más afirmo que no quiero entrar en la constitucionalidad o no de la Ley de Amnistía. Para políticos ilustres y prestigiosos juristas la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados es anticonstitucional. Pero la Constitución de 1978 podría modificarse y dar entrada a la. No vale la pena dispersarse en este debate. El problema sustancial de la Ley de Amnistía es que Pedro Sánchez ofreció al prófugo golpista Carlos Puigdemont ponerla en marcha a cambio de los siete escaños de Junts en el Congreso de los Diputados, imprescindibles para alzarse con la presidencia del Gobierno. Se trata de una cuestión fundamentalmente ética y son muchos los que consideran una indecencia el
do ut des que envuelve la Ley de Amnistía empujada por Sánchez.
Aparte de los obstáculos que su aplicación ha encontrado en el Tribunal Supremo, de forma especial por la decisión de uno de nuestros magistrados más prestigiosos, Pablo Llarena, resulta que la Comisión Europea podría pedir que se suspendiera la Ley de Amnistía. En una excelente entrevista realizada por Irene Dorta e Israel Cánovas, el magistrado Santiago Soldevilla, que fue juez del Tribunal General de la Unión Europea, ha dicho: “La Comisión Europea podría interponer lo que se llama un recurso de incumplimiento -que es un recurso distinto de la cuestión prejudicial- y pedir al Tribunal de Justicia que suspenda cautelarmente la ley o parte de la ley. Hay precedentes, concretamente, con determinadas leyes polacas que atentaban contra la independencia judicial. Evidentemente, exige que la Comisión considere que la norma contiene un ataque esencial a estructuras básicas de la Unión Europea”.
Por cierto, existen, como afirma Soldevilla, antecedentes de la intervención de la Comisión Europea exigiendo al Tribunal de Justicia correspondiente que suspenda cautelarmente una ley. Polonia efectivamente es un ejemplo. Y está claro que, frente al optimismo del mundo sanchista celebrando la Ley de Amnistía, el camino que deberá recorrer para su aplicación resulta especialmente tortuoso. El prófugo golpista Carlos Puigdemont brama en Waterloo porque lo que está ocurriendo no es lo que con él se acordó. Y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Tal vez a Pedro Sánchez se le ocurra sacar una paloma de la chistera y sortear los obstáculos que interpone el Tribunal Supremo y los que podría sumar la Unión Europea
