En segundos que parecieron años, Estados Unidos contuvo la respiración el pasado sábado 13 durante un mitin en Butler, Pensilvania, el estado que se reconoce como la cuna de Estados Unidos porque ahí se firmó La Constitución. En vivo y en directo, como están pasando los hechos en la actualidad mediática, el expresidente Donald Trump escuchó leves tronido como de esas armas de juguete que disparan bolitas de colores y que se usa para jugar a la guerra y de manera inmediata se tiró debajo del pódium donde estaba diciendo un discurso.
Lo que vino después es de sobra conocido. Sin embargo, este nuevo incidente de violencia en las más altas esferas del poder imperial que mantiene el control del mundo vino a recordar casos todavía abiertos: el asesinato del presidente Lincoln, el asesinato del presidente John F. Kennedy y el intento de asesinato del presidente Reagan, pero con la circunstancia agravante de que la vida cotidiana en Estados Unidos no ha modificado sus comportamientos.
De manera inmediata comenzaron a circular todas las teorías de la conspiración, pero el fondo del problema sigue sin atenderse con seriedad: la solución de controversias a balazos, como si se viviera en los tiempos del viejo oeste que en ese momento generaron la Segunda Enmienda para que los ciudadanos pudieran tener acceso libre a las armas y a la creación de milicias, a pesar de que pudieran cruzarse con la autoridad del Estado.
Lo que pareció dejar en claro el atentado contra Trump fue la identificación del alma americana de la violencia: los estadounidenses no quieren la Segunda Enmienda solo para tener la libertad de ejercer un derecho, sino que su motivación es tener acceso a las armas y convertirlas en instrumento en cualquier tipo de disputas, lo mismo ideológicas que de convivencia urbana, aunque también como un derecho para que el ciudadano tenga armas de fuego para defenderse, dicen, de los abusos del Estado.
¿Por qué los ciudadanos se desgarran internamente para mantener la Segunda Enmienda, inclusive con evidencias de que no se trata sólo de seguridad individual sino de un instrumento de agresión a terceros?
Esta pregunta tiene muchas respuestas. Una de ellas es muy simple: el Gobierno de Estados Unidos ha asumido el derecho de intervenir militarmente --es decir, con armas de fuego-- en otros países en donde existan conflictos que pongan en riesgo el dominio de los intereses estadounidenses en el exterior, lo mismo por la propiedad de recursos naturales que ante insurrecciones sociales en nombre de ideas políticas radicales.
Aunque viene desde muy atrás, la crisis de Columbine en abril de 1999 marcó un punto de violencia armada contra comunidades desarmadas: dos estudiantes irrumpieron en el colegio, asesinaron a 12 jóvenes y un profesor e hirieron a más de 20 estudiantes. La sociedad estadounidense se estremeció hasta el fondo y ahí comenzó una ola que sube y baja para tratar de establecer controles muy estrictos a la venta de armas en tiendas legales, aunque en realidad buena parte de la violencia a balazos proviene de armas compradas en el mercado clandestino que nunca ha querido ser controlado por el gobierno.
El presidente Obama y el presidente Biden han intentado iniciar cierto tipo de reformas ya no se diga para cerrar la venta libre de armas, sino para bloquear o entorpecer el comercio legítimo, pero se han encontrado con el lobby de la Asociación Nacional del Rifle que ha convertido la libertad de venta de armas prácticamente en una religión. A lo más que se ha llegado es a exigir certificados de estabilidad mental a los compradores, pero se tienen evidencias de que la locura violenta estalla con las armas en la mano.
El alma americana se ha nutrido justamente de la violencia. Estados Unidos comenzó con 13 colonias de prácticas puritanas en la zona Este, pero bien pronto se inició una expansión violenta hacia la costa Oeste atropellando y asesinando, en términos generales, a diez millones de indios originarios que fueron expulsados de sus tierras, encapsulados en reservaciones racistas y luego incorporados a los beneficios del capitalismo a través de la administración de sus propios casinos. La otra parte de Estados Unidos, la que va de Texas a Nevada, fue una conquista territorial de tierras que pertenecían a México, y también fueron conquistadas a sangre y fuego.
Estados Unidos se encuentra en un círculo vicioso: importantes grupos sociales exigen el control en la venta de armas y reclaman que el Estado asuma compromisos que eviten el uso de la violencia, pero resulta que el gobierno estadounidense es el principal contrabandista de armas que distribuye productos en estados en guerra para mantenerlos distraídos y poder succionar sus recursos naturales.
El problema de la violencia social derivada de la libertad para adquirir armas y formar milicias es consustancial al perfil imperial de una nación, como lo han confesado en todos sus últimos programas de seguridad nacional, que se ha dado a sí mismo el derecho de intervenir en cualquier país del mundo de manera violenta para defender el american way of life o zona de confort del 10% de la clase media que vive en un paraíso muchas veces lastimado por la violencia.
El intento de magnicidio contra Trump dejó muy claro el mensaje de la violencia política como espacio para una de las competencias electorales más importante de los últimos 50 años en Estados Unidos. Pero no debe olvidarse que los americanos tampoco tienen cargos de conciencia: el presidente John F. Kennedy, 1 de los líderes sociales más carismáticos que se ha enfilado a su reelección, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 cuando hacía campaña en Dallas, Texas, pero antes de terminar el día el vicepresidente Johnson estaba jurando el cargo presidencial y comenzando su propia carrera política sobre las cenizas todavía muy sensibles del presidente Kennedy.
Como en el viejo oeste, en Estados Unidos la lucha por el poder se sigue arreglando a balazos.
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