¿Pública, privada o concertada?

La educación, se entiende. Primaria y Secundaria, para más detalles. La verdad es que no es nada fácil contestar esta pregunta así, en abstracto, sin precaución alguna. A la mínima uno puede dejar atrás la raya que separa el artículo razonado del panfleto, y comenzar a rodar cuesta abajo por la calle de la propaganda. Hasta donde alcanzo, una posible metodología bien puede ser replantearse la pregunta desde dos puntos de vista muy distintos. Por una parte, como padre. Por otra, como ciudadano.

A día de hoy, cualquier padre sabe perfectamente que la educación pública está masificada y que el porcentaje de inmigrantes que pueblan las aulas públicas no deja de crecer. Si la familia es de clase alta, no tendrá problema en costearle a sus hijos una educación privada. Si la familia es de clase media, la escuela concertada supondrá a priori la mejor opción para ofrecerles una educación de cierta calidad a un precio más o menos asequible. ¿Y si la familia es de clase baja? Muy probablemente su única salida sea una escuela pública cuya declive en los últimos años es innegable. Y, sin embargo, por más que algunas autoridades quieran ocultarlo disfrazando las estadísticas, la educación pública aún sigue ganándole la partida a la educación privada donde más duele, en la Selectividad (el Bachillerato no es, por ahora, concertable). Por ejemplo, en Madrid, la desviación típica de la nota de Selectividad con respecto a la nota del expediente de un alumno de la pública es, aproximadamente, de un punto (es decir, la nota media de los exámenes estará un punto arriba o abajo con respecto a la nota que trae del instituto público). Pero, ¿a qué no saben cuál es la desviación típica de un alumno procedente de la privada? ¡Casi cuatro puntos! Esto quiere decir que su nota media en los exámenes de Selectividad experimentará una variabilidad de hasta cuatro puntos arriba o abajo con respecto a la nota que trae del centro privado. Y teniendo en cuenta que no se puede pasar de 10, lo más probable es que sea para abajo. ¿Cómo es esto posible? Que cada lector saque sus propias conclusiones, que yo saco las mías acordándome de aquellos versos de Quevedo a un poderoso caballero...

Pese a estos datos, por más que los defensores de la educación pública –entre los que me cuento- no quieran verlo, la lógica de los padres de clase media, que son los que inclinan la balanza a favor de la concertada, es aplastante. Y no se les puede culpabilizar por tomar la decisión que mayoritariamente toman. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que no se les deba incitar a exigir a las diversas administraciones una educación pública de calidad, por la que pagan y a la que tienen todo el derecho... en cuanto ciudadanos.

No hace falta ser socialista para defender la escuela pública. Desde una perspectiva liberal –y para cualquier liberal no anarquista, Educación, Sanidad, Justicia y Defensa son competencias de un Estado mínimo–, la educación debería ser pública o privada. O lo uno, o lo otro. Sin término medio. O elegimos el sistema público, o elegimos la oferta educativa privada que más se ajuste a nuestros intereses y capacidades. Por consiguiente, atención, en un Estado liberal no debería haber lugar para la educación concertada, engendro a medio camino entre lo público y lo privado.

Aquí, el error de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y, en especial, Madrid, es gravísimo. Los conciertos educativos, conviene recordarlo, son un invento del PSOE de González allá por la década de los 80, para garantizar la escolarización mientras el sistema público ampliaba y mejoraba su oferta. Con la extensión de la red de centros públicos, la posibilidad de nuevos conciertos educativos carece de justificación teórica. Entre concierto y concierto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha olvidado que la escuela concertada concita, subvencionada con dinero público, los peores vicios –para un liberal– de la escuela privada y de la escuela pública.

De hecho, como recientemente ha reconocido el PSOE-PSM en su Ponencia Marco del Undécimo Congreso Regional, dando marcha atrás en su tradicional enfrentamiento, la escuela concertada se ha convertido en una especie de segunda red pública, a la que denomina «pública concertada». En efecto, esta red en la sombra se sufraga mayormente a costa de los impuestos de los contribuyentes. Con la diferencia de que éstos no pueden elegirla libremente, pese a pagarla indirectamente. Hay que superar una prueba de admisión en que el punto decisivo se otorga conforme a los criterios particulares del concertado. Y, de ser admitidos, ni siquiera se puede exigir todo a lo que se tendría derecho de estar en la pública, pese a pagarla (ahora, no sólo indirecta, sino directamente, con el adecuado donativo). ¿Quieren ejemplos? Bastará con dos. Uno: pese a la dependencia pública que manifiestan, los centros concertados se niegan sistemáticamente en las comisiones de escolarización a acoger el mismo porcentaje de alumnos inmigrantes de que se hacen cargo los centros públicos. Dos: cuando un alumno presenta necesidades educativas especiales, los centros concertados invitan a firmar a los padres un documento de descargo en el cual éstos se muestran de acuerdo en que, de permanecer en el centro, su hijo no tiene por qué recibir esa atención especializada que precisa (Circular de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid del 19 de febrero de 2008). Y, en caso de no firmar, su hijo derivará inmediatamente a la pública. Supongo que no extrañará a nadie que un alumno público cueste tres veces más que un alumno concertado. No compiten en las mismas condiciones. La educación concertada resulta muy cómoda para el poder, pero no tanto –cuando no cumple– para los individuos, padres y ciudadanos. Es el liberalismo mal entendido.