Nicolás Maduro ha ordenado detener a Edmundo González Urrutia. El motivo es que el líder de la Oposición ha difundido las actas electorales que demuestran que se alzó con la victoria en las urnas. En la Venezuela chavista, la disidencia se castiga con la cárcel. Y los opositores sufren la represión del régimen totalitario.
En España, Pedro Sánchez actúa de una forma parecida. Hay, por ejemplo, una persecución inaudita del novio de Ayuso sin otro motivo que el de desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por su valentía y claridad al denunciar las tropelías del Gobierno. El entero PP está en el punto de mira de los secuaces del presidente del Gobierno, que castiga las críticas al Ejecutivo hasta las últimas consecuencias.
Pero no sólo el PP. También se dispone a perseguir a los jueces y a los medios de comunicación independientes. Conviene recordar que el presidente anunció su plan para acosar a los medios de comunicación críticos tras sus cinco días de reflexión; esto es, justo después de que se desvelaran los tejemanejes de Begoña Gómez.
También ha comenzado la presión contra los jueces. El propio presidente y su mujer se querellaron contra el juez Peinado por su osadía al hurgar en la herida de los negocios de Begoña Gómez. Pero su principal batalla contra la Justicia se basará en enfrentarse a los magistrados que no acaten la ley de amnistía, para empezar, el Tribunal Supremo.
Incluso, su propio partido sufre la venganza del totalitarismo sanchista. Y de ahí, el motivo de adelantar un año el Congreso Federal. Algunos barones del PSOE como García Page y Lambán han cometido la osadía de denunciar con dureza el pacto de ERC con el PSC por atentar contra la igualdad y solidaridad de los españoles. Como comentábamos en nuestro último editorial, Pedro Sánchez se enfrenta ahora a una verdadera rebelión dentro del partido que creía controlar con puño de hierro. Y para sofocar la crisis interna ha decidido adelantar nada menos que un año el Congreso Federal del partido donde, con la excusa de renovar los cargos territoriales del PSOE, purgará a todos aquellos que han tenido la osadía de plantarle cara por su barrabasada al pactar con ERC la independencia fiscal de Cataluña. El líder del PSOE no admite la menor crítica. Y, al grito falangista de “prietas las filas” se dispone a liquidar a los disidentes. Y lo hará. No podrá con García Page, que gobierna Castilla-La Mancha con mayoría absoluta. Pero los Lambán y compañía tienen los días contados.
En efecto, la España sanchista se parece a la Venezuela chavista. La oposición, los medios de comunicación independiente, los jueces y sus propios barones díscolos son perseguidos como si fueran delincuentes. Y el entero aparato del Estado actúa sin contemplaciones para exterminarlos.
Se trata de una burda estrategia de Sánchez para intentar superar la crítica situación política y personal que sufre por los presuntos casos de corrupción que salpican a su mujer y su hermano y por la cada vez mayor debilidad parlamentaria del Gobierno. Consumará así la deriva totalitaria del Gobierno, imprescindible para burlar la Constitución y la democracia y sobrevivir sin tener que abandonar La Moncloa durante la entera legislatura. Exactamente igual que hace Nicolás Maduro en Venezuela.
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