Me propongo reflexionar sobre la situación actual del problema catalán, tras la investidura como president de Salvador Illa y la cuestión de la financiación singular de Cataluña, de acuerdo con tres puntos de partida o guías de argumentación. Primero, mi convicción, tantas veces expresada aquí, de que el problema catalán solo comenzará a resolverse cuando una fuerza de signo constitucional acabe en el gobierno de la Generalidad. Segundo, que el encaje de Cataluña requiere de una reconsideración de las potencialidades de la fórmula federal como modelo político preferible del Estado español. Es cierto que el Estado autonómico es una forma federativa ya; pero ello no quiere decir que no sean posibles y aun deseables determinados desarrollos, todavía sin explorar. En este sentido queda espacio para una reconsideración de las posibilidades y límites de la propia idea federal. En tercer lugar, si la vía elegida fuese la profundización de la vía federal, este proceso respecto del cual no habría de descartarse su plasmación en una reforma constitucional, ha de tener lugar con el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, hasta ahora remisos a hacer de la cuestión territorial un problema de Estado.
1-Respecto del primer punto de reflexión anunciado. Se trata de proponer la recuperación constitucional de Cataluña, reintegrándola en el funcionamiento normal de nuestro sistema político, en sus aspectos operativos y simbólicos. No debe faltar la propia disposición de las instituciones de cooperación estatales, de modo que la anomalía del aislamiento catalán quede superada. Como ha visto muy bien el profesor Josep María Fradera habría llegado, como ocurrió en la Transición, un momento catalán, impulsor de una vigorización de la democracia española. Debemos entonces todos estar atentos a las voces procedentes de ese territorio: apuntan al desarrollo de nuestro modelo político, no a su anquilosamiento ni a su rectificación. El protagonismo que Cataluña debe realizar no tiene solo una dimensión negativa, la de rectificar los desvaríos del independentismo, sino una faceta positiva, confirmando la capacidad histórica catalana para encabezar el impulso nacional español. La tarea por delante entonces es magnífica: librar al sistema político español de la anomalía de la excepción o no presencia de Cataluña en el mismo, su desconexión para ser mas claros, y , por el contrario, atribuirla un rol de vanguardia en la navegación del Estado: se esperaría, en suma, en la actual situación española recobrar el aporte catalán a la lucha contra la dictadura.
2-El segundo plano de reflexión propone centrarse en la propia idea del federalismo, como forma política que pretende conjugar las exigencias de la unidad y el reconocimiento del pluralismo. Se trata, también lo hemos dicho muchas veces, de un modelo institucional y espiritual difícil, que requiere del equilibrio y la moderación. Todos reconocemos los riesgos de que el federalismo quede convertido en mera fachada, y que derive en su rebajamiento centralista. Este riesgo aparece incluso en el titulo de un famoso trabajo de Konrad Hesse sobre el federalismo alemán: El Estado unitario federal. Pero la deriva confederal, de signo opuesto, también es una amenaza para el federalismo: se trata de una forma política débil e inestable: de soberanía compartida y revisable y en la que los mandatos de la Unión no obligan directamente a los ciudadanos. Una forma política tosca e inservible que no puede justificarse ni de cara a su eficacia ni a su rendimiento integrador, dependiente de la autodeterminación de sus partes, y a la que caracteriza la complicación y limitación en el ejercicio de sus atribuciones.
Nuestro Estado Autonómico puede ser considerado una forma federativa, ya hablemos de su equipamiento institucional, su funcionamiento operativo o sus capacidades de integración. Su singularidad tipológica le atribuye algunas ventajas, de manera por ejemplo que incorpora un reconocimiento foral, más difícil de explicar en un sistema federal, aunque este admitiese cierta asimetría. Recuerdo que Txiki Benegas siempre utilizaba, convencido además de la futilidad del nominalismo, este argumento para reforzar su apoyo a la fórmula autonómica. Pero todo esto no implica que el sistema autonómico no pueda experimentar una profundización del federalismo. En este cuaderno hemos hablado en múltiples ocasiones de la conveniencia de incorporar en nuestro diseño institucional amarres federales: Senado más territorializado, Conferencias de presidentes, mejor reguladas, Conferencias sectoriales, etc..
Hemos hablado menos del federalismo fiscal. No se trata de proponer aquí una reforma constitucional o legal que aporte seguridad y fijeza al sistema de financiación del Estado Autonómico, que asegure la disposición de recursos financieros propios a las Comunidades Autónomas, a la vez que garantice, según los principios de solidaridad e igualdad, servicios públicos sustancialmente equivalentes en todos los territorios. De lo que se trata es de afirmar que no hay autonomía sin una base financiera y por tanto que los gobiernos federal y regionales deben tener bajo su propio control recursos financieros suficientes para llevar a cabo su funciones exclusivas. Los niveles correspondientes deben estar financieramente coordinados entre sí. Como se dice en El federalista, “Es necesario que los gobiernos de los estados dispongan de los medios para satisfacer sus necesidades, del mismo modo que el gobierno nacional debe poseer una facultad pareja respecto de las necesidades de la Unión”.
3-El tercer plano de la reflexión ha de acabar en una sugerencia sobre la necesidad de consenso en el momento catalán actual. La necesidad de una Ley de reforma de la LOFCA y aun la posible conveniencia de una reforma constitucional, para abordar la problemática de la mejora del sistema de financiación, más allá de la atención debida a los procedimientos de aprobación de los cambios por las mayorías reforzadas previstas, exigen un intento de acuerdo político tan amplio como sea posible. Si estamos ante una muda de calado constitucional lo deseable es que la misma sea fruto de un verdadero pacto nacional al respecto. Ello daría credibilidad al acuerdo y mostraría de paso que en cuestiones fundamentales, como sin duda lo es el afrontamiento de la base financiera del sistema autonómico, las fuerzas políticas nacionales son capaces de orillar sus intereses políticos inmediatos y guiarse por las exigencias del interés general, como esperan los ciudadanos.