El novio de Ayuso demanda a Morant y a cargos del PSOE y Más Madrid por difamación

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha emprendido una ofensiva legal contra representantes de PSOE y Más Madrid por difamación. La defensa señala a la ministra de Ciencia, Diana Morant; la concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre; el diputado socialista José Zaragoza; y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Como paso previo a interponer una demanda por intromisión ilégitima en el derecho al honor o una querella por injurias y calumnias, los abogados de González Amador solicitaron en los juzgados de Madrid los actos de conciliación con todos ellos.

A este listado se suman la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que están citadas para el acto de conciliación el próximo 2 de octubre.

González Amador considera que todas estas personas han realizado "especulaciones o conjeturas completamente infundadas con las que se pretende instrumentalizar políticamente su figura" con el objetivo de "manipular a la opinión pública y desplazar el foco mediático de los presuntos casos de corrupción que afectan al actual Gobierno de coalición e incluso a familiares cercanos al presidente".

Sus abogados requeriran en el acto de conciliación que se retracten de sus declaraciones en público y que se comprometan a no volver a hacerlas. En caso de negativa, seguirán adelante con las acciones legales pertinentes y solicitarán un pago total de 115.000 euros como indemnización (30.000 al PSOE, 30.000 a Antolín, 15.000 a Más Madrid, 15.000 a Maestre, 15.000 a Morant y 10.000 a Zaragoza).

Este lunes, la jueza de instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, rechazó la petición de las acusaciones ejercidas por PSOE y Más Madrid de ampliar la investigación a Alberto González Amador por supuestos fraude fiscal y falsedad documental.

En un auto la magistrada desestima las diligencias solicitadas por ambos partidos al entender que "muchas de ellas pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados y otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto" de esta causa.

Y "en cuanto a los hechos que pudieran ser conexos la práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento, que se alargaría durante varios años", con lo que "impediría el pronto enjuiciamiento exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".