Si queremos verdaderamente presumir de una democracia sana y próspera, los ciudadanos debemos poder expresar nuestras opiniones, elegir libremente a nuestros dirigentes políticos y tener voz sobre el futuro del país en el que vivimos. Aunque todo ello se encuentra reconocido constitucionalmente y contemplado dentro de la categoría de los derechos fundamentales tanto a nivel nacional como europeo, observamos que la democracia tiene ante sí nuevos retos que, entre otros, derivan del auge del populismo, la difusión de espacios de desinformación, la multiplicación de fake news, la intromisión electoral, etc.
Nadie duda de que las nuevas tecnologías han facilitado que los agentes hostiles puedan difundir noticias falsas y manipular la información a una escala hasta la fecha desconocida. Creo que la desinformación y los intentos constantes de manipulación en redes sociales van asociados a que vivimos una guerra de emociones en estado puro. Es como si el llamado pathos griego se hubiera impuesto sobre la categoría también griega del ethos, hasta el punto de que el ciudadano construye su personalidad no tanto en términos morales sino única o mayormente en virtud de sus emociones. Ello se demuestra en el hecho de que a la gente se la gana rápido en el espacio público (y no digamos en el espacio virtual), más que con la defensa de sólidos y sabios argumentos, despertando en ella emociones intensas de felicidad, odio, placer, alegría, admiración, etc.
Los desinformadores proliferan utilizando diversas técnicas para engañar y manipular a las personas en línea, bien a través de clones de sitios web legítimos o creando audios o vídeos manipulados astutamente, diseñados para apelar a nuestras emociones y nublarnos el juicio. Está claro que algo está cambiando y las emociones están ganando la partida a la razón.
Todo esto es muestra del grado de confusión moral reinante y que cuando los ciudadanos, por ejemplo, debemos tomar decisiones electorales en el espacio público lo que más parece contar es la empatía con las emociones que los diversos líderes políticos despiertan en nosotros. En un segundo plano queda la reflexión personal pausada y profunda sobre los diferentes puntos de vista argumentados en la defensa de un determinado programa electoral, el debate colectivo sereno y el contraste de ideas libre de injerencias internas o externas.
Son muchos los retos que hay que afrontar. Recordemos que, desde hace solo unos días, el Gobierno está tratando de impulsar diversas medidas en defensa de unos medios de comunicación libres, a mi modo de ver, sin reparar en que lo más importante de todo es la educación de la ciudadanía en la reflexión crítica, profunda, independiente desde la que poder enjuiciar lo que se lee, se escucha o se observa.
Es cierto que la Comisión Europea lleva desde 2020 luchando en favor del Plan de Acción para la Democracia Europea y ello condujo a que presentara un paquete de Defensa de la Democracia en diciembre de 2023. Desde mi punto de vista, habría que poner el foco en las normas comunes de transparencia porque creo que son las que más nos pueden ayudar a conseguir luchar contra la desinformación y las fake news, protegiendo la esfera democrática de la UE, fomentando la confianza institucional y protegiendo el debate público abierto frente a injerencias encubiertas. Como ha precisado la propia Comisión Europea, “La desinformación y la manipulación de la información e injerencia por parte de agentes extranjeros constituyen una grave amenaza para las sociedades. Pueden perjudicar a las instituciones y los procesos democráticos (como las elecciones), al impedir que las personas tomen decisiones con conocimiento de causa o disuadirlas de votar. Asimismo, pueden polarizar a las sociedades al hacer que las comunidades se enfrenten unas con otras”.
No cabe duda de que es precisamente la rivalidad emocional la que está respaldando la polarización actual en el juego político actual. Por eso, en mi opinión, resulta verdaderamente importante hacer ver al ciudadano que sus decisiones responden a inputs emocionales, apenas percibidos, que le hacen confundir muchas veces la cabeza con el corazón.
Ahora bien, tan importante como la formación y la concienciación ciudadana en estos ámbitos es también una intervención política “proporcionada” y esto, a mi modo de ver, es el quid de la cuestión. La intervención política desmedida o desproporcionada dirigida a pretender paliar los problemas que genera la desinformación o las fake news, con la absolutización de una verdad ideologizada y partidista, al final, termina menguando la libertad individual y sofocando el pluralismo de los medios de comunicación, los cuales son esenciales para nuestras democracias.
Si como señala la RAE, la desinformación es dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, no se puede luchar contra ella ni tampoco contra las fake news si lo que se salvaguarda es la información que sirve exclusivamente a intereses de grupos de poder, banalizando la falta o ausencia de información objetiva relevante.
Los ciudadanos tenemos derecho a que se nos garantice la existencia de medios de comunicación libres y plurales puesto que estos son fundamentales para que la democracia sea una democracia robusta y sana que protege el pluralismo político, valor esencial en nuestro Estado de derecho. También desde el Consejo de la UE se ha insistido en que la verdadera democracia no es posible sin unos medios de comunicación libres que sigan de cerca a quienes ostentan el poder.
Necesitamos un enfoque holístico que abarque a toda la sociedad, ya que hay muchos sectores de la sociedad que pueden desempeñar un papel importante en la prevención de la desinformación y la lucha contra ella. Es crucial garantizar a los ciudadanos que estos tengan acceso a noticias e información de calidad dentro de un marco plural. Está ahora por ver si el Plan de Acción del Gobierno por la Democracia será o no capaz de reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información. En todo caso, los ciudadanos más que una democracia limpia, creo que ansiamos una democracia sana que garantice a la sociedad civil su capacidad de reconocer cuando estamos ante una información veraz.
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