Cuestión de dinero

Con ocasión de un viaje que realicé a Siria, en el año 2008, muy cerca de la bellísima localidad de Palmyra -destruida por el ISIS en el año 2015- tuve la oportunidad de sorprender un diálogo entre un conjunto de jóvenes, para quienes Cataluña había pagado demasiado y ahora le había llegado el momento de ingresar, para hacer frente a sus necesidades. Los que así pensaban -catalanes, como podrá comprender el lector- interrogaban a una chica sobre su opinión al respecto. La aludida -madrileña- aseveraría: “Así que sólo es una cuestión de dinero”. “Como todo, o casi todo, en la vida”, le contestarían.

Recordaba esta escena al hilo del pacto firmado por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa que, como es conocido, incorpora la ruptura de la Agencia Tributaria, a través de la creación de un organismo fiscal propio. Cataluña recaudaría todos los impuestos devengados en esa Comunidad Autónoma, abonaría al Estado los servicios prestados por éste y remitiría una cuota al fondo de solidaridad. En ausencia, por el momento, de mayor concreción del acuerdo, este sistema remite al vigente Concierto Económico en el País Vasco, que en Navarra se califica de Convenio. Se trataba, en este caso, de recuperar un vestigio histórico que traía su causa de una decisión política de Cánovas del Castillo, que tenía por objeto aquietar a las levantiscas huestes carlistas, a través de una compensación a los privilegios que estas provincias habían perdido en el ámbito de sus singulares Haciendas.

Ofrecido este sistema en la transición democrática a los catalanes, sus representantes lo rechazarían debido a la mala percepción que del recaudador de impuestos ha existido siempre en el imaginario popular. Sólo después de constatado el éxito de la fórmula vasco-navarra, consistente en el mercadeo de los votos parlamentarios a cambio de una estimación generosa para las Haciendas Forales de las cantidades a abonar al Estado, avanzaría en territorio catalán la conveniencia de atribuirse para sí este régimen.

El presente comentario no tiene por objeto abordar las cuestiones económicas y aún políticas que gravitan sobre el asunto, pero sí el de poner el foco sobre la relación que este sistema tiene respecto de la corrupción. No sólo como consecuencia de la politización de un cálculo técnico-económico, sino del más pedestre y lamentablemente más habitual envilecimiento de la actividad de representación, consistente en la tantas veces repetida práctica de beneficiar a las huestes propias en detrimento de la generalidad de los ciudadanos.

Es el caso de Juan Ramón Ibarra, que había sido jefe de la inspección de Hacienda de Vizcaya, condenado según informaba el diario El Mundo de 10 de abril de 2014, a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo. En dicho asunto se daba por acreditado -siempre según la información señalada- que el funcionario en cuestión “habría protegido a alrededor de 200 contribuyentes simulando que figuraban en un listado informático para ser inspeccionados, pero sin que en ningún momento se llevaran a cabo esas inspecciones”. En sólo dos meses, Ibarra obtenía el tercer grado y regresaría a la Diputación Foral vizcaina.

El caso presentado aquí abonaría la teoría que en territorio vasco ya venía siendo formulada de manera insistente: que para determinados contribuyentes no resultaba aplicable el instrumento de la inspección fiscal, dolor de cabeza y trastorno permanente de las gentes que se ven a ella sometidos.

Cuesta poco trabajo pensar que quienes se encontraban en tan “generosa” relación de contribuyentes, mantendrían alguna vinculación con el partido en el poder en el Gobierno Vasco y en las instituciones forales, y que en esa nómina no sólo aparecerían empresarios vinculados a la correspondiente organización, sino también favorecedores económicos de ésta. Seguir la pista del dinero es algo así como desnudar la realidad política de un aparato de influencias que devienen inevitablemente en corruptelas.

Un sistema basado en la organización tributaria propia resulta proclive a una situación que pervierte a la política y desplaza a los que pretenden hacer de la gestión pública un ejercicio de honestidad a través del servicio público. No se sirve al ciudadano, porque de éste no emana -por lo visto- el poder, sino al partido que, en contra de lo que mandata la Constitución, atribuiría todos los favores y sinecuras de la Administración a unos pocos.

Incorporar este procedimiento fiscal a la práctica cotidiana del espacio político catalán supondría un elemento adicional en la perversión de un sistema basado en el principio de capacidad económica, que es regla básica en el reparto o distribución de la carga tributaria, y que guarda una estrecha relación con el de la igualdad. Lo haría además en una Comunidad Autónoma cuyos dirigentes han hecho repetida gala del incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, como ocurre por ejemplo en el supuesto de la obligación de impartir dos materias troncales en castellano, lo que supondría aplicar un 25% de asignaturas en esta lengua.

Un nacionalismo supremacista, al que también se le ha brindado ese monumento al despropósito respecto de la igualdad de los españoles, como es la ley de amnistía, y como seguramente lo sería la aplicación del Concierto catalán, que seguiría actuando al margen de la ley, abundando en la corrupción y consolidando una situación de privilegio cuyo recorrido tendría muy difícil vuelta atrás.

“Es sólo cuestión de dinero”, advertía la joven madrileña a sus acompañantes nacionalistas catalanes. Como todo en la vida de ese soberanismo excluyente que sólo ha aprendido de sus mayores la mejor manera de romper la solidaridad y la igualdad. Esa es por lo visto su única bandera.