Nuevo mazazo del Supremo al Gobierno de Pedro Sánchez y a los separatistas

El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión de no amnistiar el delito de malversación a los líderes independentistas condenados por el “procés”, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras. En concreto, la Sala de lo Penal ha rechazado los recursos de súplica del propio Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa contra la decisión del Alto Tribunal que consideró que la malversación estaba excluida de la Ley de Amnistía.

Se trata de un duro mazazo al Gobierno y a sus socios por sus acusaciones a los jueces de “estar incumpliendo la voluntad del legislador”. El auto del Supremo es demoledor con esas acusaciones. Según el Alto Tribunal, “solicitar de esta Sala que interpretemos la ley de Amnistía sin otra referencia que la que proporciona la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces. No basta con la voluntad política para amnistiar un hecho. Es necesario que el texto legal que traduce ese ideario defina su ámbito objetivo con la precisión reforzada que es exigible a una norma que tan radicales efectos va a producir en principios estructurales del proceso penal”. Más aún: “La imagen del juez como 'boca muda' que debe limitar su función a proclamar consecuencias jurídicas que fluyan de la literalidad de la norma representa una imagen trasnochada que los recurrentes presentan ahora como el ideal democrático de una justicia respetuosa con el poder legislativo”. Toda una lección a Pedro Sánchez por despreciar la separación de poderes.

En efecto, “el ideal democrático” que arguyen el Gobierno y sus socios es una falacia. La soberanía popular que emana del Parlamento es incompatible con la aprobación de leyes que sortean o incumplen las propias leyes y, en este caso, la Constitución. Pues, “conforme al canon constitucional, la interpretación de las normas penales (art. 3.1 del Código Civil), es la que conduce a la exclusión del delito de malversación de caudales públicos”.

Y es que, a pesar de su aprobación por el Parlamento, la amnistía es inconstitucional, por lo que no puede aplicarse a los condenados por ese delito. Pero, sobre todo, el fiasco se produce por la necesidad de Pedro Sánchez de ser investido con los votos separatistas y su empeño en complacer a esos partidos para lograr sus escaños. El resultado es evidente, la ley de amnistía, además de infame, es una chapuza que el Tribunal Supremo ni quiere ni puede avalar. Hay que esperar la reacción de ERC y, sobre todo, de Junts. Pero el futuro de la legislatura está en el aire, aunque, como ya hemos comentado, Sánchez aguantará en La Moncloa; incluso, sin poder gobernar, pues resulta improbable que pueda aprobar los presupuestos generales del Estado.