ERC cree que la Ley de Memoria Histórica es insuficiente. El diputado republicano catalán Joan Tardá ha sido el encargado de explicar los detalles de esta propuesta, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de la Federación de Foros de la Memoria, José María Pedreño, y el representante de la Asociación Memoria y Exilio Fermín Sánchez.
Tardá ha justificado la presentación de esta iniciativa en el hecho de que la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado no ha cumplido las expectativas de las personas y organizaciones que reclamaban una norma de ese tipo. Quieren los republicanos catalanes que se reconozca expresamente la labor de las organizaciones armadas antifranquistas que se crearon en contra de la dictadura y a las personas que formaron parte de ellas, con el propósito de que se les otorgue una indemnización económica y los beneficios sociales que les correspondan.
Según ha esgrimido, esa Ley no reconoce a todas las personas represaliadas, ni se les otorga la condición jurídica de víctima. Ha apuntado, además, que el texto legislativo obvia la calificación de crímenes contra la humanidad para aquellos cometidos impunemente por el franquismo, no se retiran las distinciones otorgadas a los "criminales" ni se anulan las sentencias dictadas por tribunales "ilegítimos".
Por eso, el nuevo texto fija la anulación de todas las sentencias dictadas en consejos de guerra por delitos de rebelión o motivos políticos, así como de las emitidas por el tribunal de orden público y el tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo, si ésta es solicitada por los familiares de las víctimas.
Al respecto, Tardá ha apelado a la doctrina de Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad y ha considerado que la "represión franquista" ha sido "manipulada, silenciada, olvidada y no estudiada ni difundida en profundidad". Del mismo modo, ha echado de menos en la Ley que no se reconozca la restitución del patrimonio, los documentos y el papel moneda incautado a personas e instituciones. Para los herederos de quienes murieron por la represión franquista en defensa de las libertades y los derechos democráticos se sugiere una indemnización de 135.000 euros.
Otro de los aspectos que recoge la proposición de ley de ERC es la necesidad de que el Estado asuma sus responsabilidades, pida perdón a las víctimas y ejerza su deber para localizar e identificar a aquellos muertos abandonados en fosas, sufragando todos los gastos que estas actuaciones conlleven. Igualmente, la iniciativa aspira a que se haga un reconocimiento explícito de la II República como el sistema legítimo y democrático que modernizó el Estado español e instauró los derechos y las libertades que se consagraron luego en la Constitución actual. En este sentido, se propone que se establezca el 14 de abril como Día de la Memoria Republicana.
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