La mayoría de la carrera fiscal pide la dimisión de García Ortiz

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han coincidido en pedir la dimisión del fiscal general del Estado tras ser imputado por revelación de secretos y así evitar un "daño reputacional" a la carrera fiscal.

Por contra, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su discrepancia con la argumentación con la que el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra Álvaro García Ortiz, y señala que ello "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" y defiende su actuación en la causa por la que ha sido imputado.

En declaraciones a EFE, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha considerado "irrespetuoso con la institución" que García Ortiz haya anunciado ya que no va a dimitir y considera que tendría que "reflexionar más" porque el daño reputacional "le trasciende a él". "El daño reputacional a nuestra credibilidad como institución es irreparable" por esta imputación -la primera a un fiscal general del Estado-, "siempre dentro del debido respeto a la presunción de inocencia", ha lamentado Dexeus, quien ha calificado de "desolación" el sentimiento que esto ha producido en el seno de su asociación.

En el lado opuesto, la UPF, respalda la postura de García Ortiz y defiende como él que la nota informativa a través de la que la Fiscalía presuntamente reveló datos reservados sobre el procedimiento abierto por un presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña "se enmarca en la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz" como establece el Estatuto del Ministerio Fiscal. El objetivo, recuerda, era "aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota. Sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública".

Por su parte, APIF, sostiene que la imputación de García Ortiz "da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio, que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". "En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito·, apunta esta asociación en una nota de prensa.