Por primera vez en la democracia, un fiscal general del Estado ha sido imputado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos con la difusión de datos relativos a la investigación abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un grave escándalo institucional y en cualquier democracia seria, el fiscal habría dimitido (o sido destituido) inmediatamente, como han exigido las Asociaciones de Jueces y Fiscales, además de la oposición.
García Ortiz, sin embargo, ha anunciado que no abandonará el cargo. En una entrevista en el programa de TVE, “La Noche en 24 horas”, ha declarado que “es bueno para la Fiscalía que se quede, ampare a la institución y demuestre a todos que somos una institución fuerte". Y ha aprovechado para lanzar su último y más peregrino bulo: “No estoy-ha dicho- ni imputado, ni investigado”. Unas palabras que han desconcertado en el mundo del Derecho, pues resulta evidente que está imputado (o investigado) tras la apertura de un procedimiento por el Tribunal Supremo.
Pero en su entrevista en TVE ha ido más lejos al afirmar que no abandona el cargo para “defender la integridad de las Instituciones”; cuando la realidad es la contraria. Su permanencia en el cargo debilita la independencia e integridad de la Fiscalía. Aún peor: ha amenazado a la oposición tras su imputación por revelación de secretos: "Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político –ha dicho- tengo información de sobra”.
La entrevista ha demostrado la desfachatez de García Ortiz por su empeño en defender lo indefendible. Ha demostrado que su vínculo con Pedro Sánchez es absoluto, pues sabe que el presidente del Gobierno nunca lo destituirá, como debería hacer, y como ha quedado evidente tras las múltiples declaraciones de apoyo de los ministros que han salido en su ayuda. Otro escándalo político protagonizado por un Gobierno debilitado en el Parlamento y que cada día está más acorralado por la Justicia. La entrevista del fiscal general del Estado en TVE tras ser imputado es otro ejemplo de la degradación política, la indignidad y el sectarismo del Gobierno y de todos sus peones.