Las muchas maniobras arteras de Pedro Sánchez para zafarse de los casos de corrupción que le acechan se están topando con la Justicia. Ni el uso y abuso de Instituciones como la Abogacía del Estado o la Fiscalía, que emplea en su defensa como si le pertenecieran, son suficientes. El Tribunal Supremo acaba de imputar al fiscal general del Estado por revelación de secretos y está a punto de llevar al banquillo por su “papel relevante” en la presunta trama de corrupción de las mascarillas a José Luis Ábalos, mano derecha del presidente hasta que saltó el caso Koldo. También el informe de la UCO afirma que Pedro Sánchez autorizó la ilegal visita de Delcy Rodríguez a España, y un socio de Aldama, el cerebro de la trama encarcelado, asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista de Ferraz, lo que ha llevado al PP a presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal.
Más aún: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial han tumbado por unanimidad las querellas por prevaricación contra el juez Peinado por el caso Begoña Gómez. La querella presentada en su nombre por la Abogacía del Estado ha sido el último fiasco de Sánchez al cosechar una derrota sin paliativos. No sólo ha sido rechazada por el TSJM. Los magistrados, además, han acusado al presidente de “mala fe procesal y ejercicio abusivo, arbitrario y temerario de la acción penal” y han afirmado que “hay indicios suficientes” para que el juez prosiga con la investigación.
Los tribunales se han erigido en el muro de contención del totalitarismo del presidente. La Justicia, en contra de la declaración de Sánchez y sus ministros, demuestra que “hay caso”; o mejor, que hay múltiples casos contra el Gobierno por presunta corrupción y abuso de poder, por burlarse de la separación de poderes y por atentar contra el Estado de Derecho. La Justicia independiente actúa en defensa de la democracia que, ahora, requiere frenar el abuso de poder y las andanadas ilegales de Pedro Sánchez.
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