Los senadores del PSOE recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional la decisión que tomó el presidente del Senado, Pedro Rollán, de enviar la ley de antecedentes al Congreso como que hubiera supuesto un veto su votación en la Cámara Alta, cuando era un voto testimonial porque no se debatieron enmiendas.
El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha avanzado este martes en rueda de prensa que en los próximos días presentarán el recurso, que incluirá también otro motivo de desamparo: que para el aplazamiento decidido por el pleno la semana anterior no pudieron votar telemáticamente los senadores que tienen ese derecho.
La tramitación del recurso de amparo del PSOE podría coincidir en el Constitucional los próximos meses con el conflicto de atribuciones que avanzó el PP que planteará contra el Congreso, si finalmente lo plantea.
La ley de antecedentes entrará en vigor el 8 de noviembre y permitirá que algunos etarras computen sus tiempos de prisión en Francia para su condena en España.
Espadas ha explicado que Rollán vulneró los derechos de los senadores en la votación plenaria del día 14, porque cuando votaron creían que lo hacían testimonialmente, ya que no hubo enmiendas en el plazo permitido, ni de totalidad -que en el Senado se llaman veto- ni parciales.
Según Espadas, fue una decisión "unilateral, arbitraria, lesiva y anticonstitucional" que Rollán anunciara a posteriori que devolvía el texto al Congreso en vez de enviarlo al Boletín Oficial del Estado (BOE), basándose en un informe de los letrados fechado tres días antes y que mantuvo oculto.
"Se inventó un veto donde sencillamente el Reglamento no lo prevé", ha resumido el portavoz socialista.
En cuanto al otro motivo del recurso, ha explicado que en el pleno del día 8, que es cuando se iba a debatir y votar la ley, permitió a los senadores posponerlo mediante una votación de los presentes, sin dar esa opción a los que votan en remoto, por lo que el aplazamiento no fue válido.
El BOE publicó la ley el sábado, ya que la Mesa del Congreso interpretó que la votación del día 14 en el Senado no había constituido un veto, y entrará en vigor a los veinte días, según una de sus disposiciones adicionales; por tanto, el 8 de noviembre.
El PP anunció un conflicto entre órganos constitucionales contra esa decisión de la Mesa del Congreso de llevar el texto directamente al BOE sin que el Pleno de la Cámara Baja lo volviera a votar.
Para interponer ese conflicto, el Pleno de la Cámara Alta tiene que aprobar antes un requerimiento formal al Congreso.
En su reunión de este martes, la Mesa del Senado no ha incluido en el orden del día del pleno de la semana próxima (días 29 y 30) una votación sobre ese requerimiento, han informado fuentes parlamentarias.
No obstante, fuentes del PP han indicado a EFE que podría incluirse en otro momento, porque su intención sigue siendo que se pueda votar el 30 de octubre.
Si es así, una vez responda el Congreso, o bien transcurra un mes, el Senado podrá acudir al Constitucional por un conflicto entre órganos constitucionales, el cual se ha usado históricamente solo en cinco ocasiones, y siempre entre dos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), nunca hasta ahora entre las dos cámaras de las Cortes Generales.
Por la ley de amnistía, hace medio año, el PP llegó a aprobar un requerimiento al Congreso similar, pero luego no planteó el conflicto al Constitucional.
El Congreso vuelve a rebatir al Senado y no votará la ley que beneficia etarras
La Mesa del Congreso ha rechazado la última petición del Senado para que se volviera a votar en la Cámara Baja la ley sobre intercambio de antecedentes penales, norma que permitirá a algunos terroristas de ETA salir antes de prisión al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia.
El Congreso considera que no procede atender a la solicitud del Senado al entender que ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y reglamentarias.
Lo hace en base a un informe de los letrados de la Cámara, que avala el acuerdo que ya adoptó la Mesa el pasado martes, donde se dio por aprobada la ley.El informe sostiene que el Senado votó fuera de plazo la ley y que el acuerdo de rechazo adoptado allí no puede considerarse un veto, como defiende el PP, grupo mayoritario en la cámara.
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