El PP acorrala a Begoña Gómez, que se niega a declarar en la Asamblea de Madrid

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha comparecido este miércoles ante la comisión constituida en la Asamblea de Madrid para investigar los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y empresas financiadoras. Gómez se ha negado a responder a las preguntas al acogerse a su derecho no declarar.

La compareciente había sido citada a declarar en calidad codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM. Ha sido la primera persona en comparecer ante la comisión, que trata de dilucidar si hubo tratos de favor a la esposa de Pedro Sánchez por parte de la Universidad.

El PP de Madrid ha sido la primera formación en tomar la palabra. "Queremos saber cómo ejerció de profesora universitoria sin serlo y cómo logró ridirigir un máster del que no habría podido ser ni siquiera alumna", ha arrancado la intervención de la representante del PP, que ha considerado "indignante" que Gómez no responda.

En respuesta al PP, Gómez ha defendido que desde hace 25 años trabaja en "consultoría y docencia". Hace doce años, argumenta, inició una colaboración con la UCM: "Es en 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una Cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual y además no remunerada".

"Todo esto tiene un objetivo político evidente", ha afirmado la mujer del presidente del Gobierno, que rechaza contestar al resto de preguntas formuladas por los miembros de la Asamblea de Madrid. "La verdad pondrá las cosas en su sitio", concluye.

La comparecencia de Gómez ha estado marcada por un ambiente tenso entre los miembros de la Asamblea con intervenciones por parte del PSOE-M para pedir a la presidenta de la comisión que interrumpiera la comparecencia al constantarse el deseo de la compareciente de no declarar, extremo que ha sido rechazado.

Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache -citado también este miércoles- no están obligadosa declarar porque ambos se encuentran en procedimientos judiciales por la comisión de los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por lo que podrán guardar silencio ante las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios.