Todo este sistema legal que nos rodea de confusión de la justicia, cuyas raíces descansan en la oligarquía, la plutocracia y el poder económico, ha vivido siempre de la estafa al ciudadano, la extorsión y el multazo; ha expandido su poder, en definitiva, de la impotencia de los menos pudientes frente al señorío de los cárteles empresariales. En un extraordinario reportaje de Nuria Morcillo publicado hoy en El País se destapa la impúdica conducta de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que han revisado hasta el momento 36 de 50 resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), ordenando correcciones en la gran mayoría o anulando los casos por corrupción y pactos secretos denunciados por el órgano creado en 2014 para frenar tales abusos. La posición de la justicia española en la moral de la sociedad es de dominio y hasta razonable en algunos casos, en tanto que el ciudadano cree en su poder al contemplar procesado a tal o cual preboste en la pena del telediario o la primera plana del periódico.
Luego tendremos que explicarle que las prácticas calificadas como cártel se encuentran prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y que las multas millonarias que el regulador ha impuesto a compañías y directivos no se cumplen, porque una de cada tres resoluciones es anulada y en la mitad de los casos, los magistrados piden hacer correcciones sobre los periodos imputados o en las cuantías de las sanciones. Un auténtico escándalo. Es algo fatal, como la justicia convertida en el imperio de la burla, en la tiranía judicial que se forma al dictado de la corrupción empresarial, de su afilada postura sobornable. La Audiencia Nacional, a través de su sala de lo contencioso-administrativo, es el primer filtro que pasan estos expedientes; después, dichas sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, que sería el segundo filtro y que en varios casos ha dado un vuelco a lo anteriormente dictado, como el caso del cártel de la de la recogida de papel, que ha pactado precios y se ha repartido contratos con administraciones de Málaga, Ceuta, Melilla y el Ayuntamiento de Madrid. La Audiencia Nacional también tumbó las muchas imputaciones que existían contra el cártel de las infraestructuras ferroviarias, cuyos socios en el latrocinio se han repartido durante más de quince años el suministro de desvíos ferroviarios a Adif. Pura hediondez exonerada y protegida por sus señorías, que acordaron la nulidad de la causa. O el caso del cártel de la leche, empresas de la industria láctea y varias asociaciones que fijaban precios de compra de leche de vaca cruda entre 2000 y 2013 disparando los precios al consumidor, y cuyo caso tumbó la Audiencia Nacional, decisión que ratificó el alto tribunal. Apenas esta plutocracia se levanta por la mañana, ya está arañando el paisaje moldeable de la ley donde los magistrados les arreglan los papeles para la ceremonia de la injusticia, recalculando o anulando las multas en la mayoría de los casos y directivos involucrados.
Será siempre la justicia impartida a su modo o quizá al mismo modo de Al Capone, cuyo secreto y cifra exacta reducida o incluso cancelada de las sanciones no ha llegado a nosotros, hurtado por los mismos tribunales a la opinión pública. Hoy, con la garra de la ira en el pecho, algunos contemplamos a los corruptos felices, que cuanto más corruptos más felices les vuelve la justicia, que es injusticia, más sombría, más náufraga de ética y se servicio a la sociedad en la galerna de este infierno judicial que nos han montado, donde no se marchan a la trena decenas de empresarios, porque las pruebas que ha ido reuniendo durante años la CNMC no son suficientes. Sin ser excesivamente cuidadosos con sus sentencias, sin que se pueda aventurar entonces ningún cuidado o discreción acerca de sus tejemanejes, los golfos corporativos logran premios a su conducta criminal y a nadie le repugna ya la fría realidad de la justicia en España, sino que a los directivos y cárteles les atraen cada vez más estos paraísos de la impunidad. Pero pruebe usted, amado lector, a entrar con su automóvil en Madrid Central, que ningún magistrado gastará ni un solo minuto en anularle una multa claramente inconstitucional por la sencilla razón de que usted no forma parte de ninguna banda criminal.
Si (
No(
