El despropósito de Marlaska: un “Gran Hermano” que atenta contra la intimidad y perjudica al turismo

A partir de este lunes, los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural, cámpines, zonas de estacionamiento de autocaravanas, apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico así como los operadores que presten servicios de intermediación, las plataformas digitales que den servicios en España y las alquiladoras de vehículos sin conductor están obligados a recabar nada menos que 42 datos de sus clientes: nombres y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco (en el caso de que alguno sea menor de edad) y los datos de la transacción.

Asimismo, los proveedores del servicio tienen que comunicar su nombre, DNI o CIF, municipio, provincia, teléfono, dirección de correo electrónico, web de la empresa, datos del establecimiento y otros de la transacción, como el tipo de pago, el titular del medio de pago o la fecha de caducidad de la tarjeta bancaria, entre otros.

Se trata de un control policial exhaustivo, que reclama más de 40 datos del clientes y que ya ha sido calificado por las agencias turísticas internacionales como “El Gran Hermano” por atentar contra la intimidad de los clientes, además de perjudicar la industria turística y someter a las empresas a redoblar el personal de las recepciones hoteleras por el tiempo que deberán emplear en realizar este trabajo.

El Ministerio del Interior de Marlaska se defiende alegando que se trata de una medida para combatir el terrorismo internacional. La realidad, sin embargo, es que para ello son más que suficientes los datos que ya se registran y que esta medida sólo complicará el trabajo de las empresas hoteleras, pero espantará a muchos turistas por verse sometidos a estos controles “policiales” más propios de las dictaduras y por sentir amenazada su intimidad al verse obligados a aportar unos datos personales con el riesgo de que los números de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito sean registrados durante 3 años.

Como era de esperar, las agencias alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir, porque un 95 % son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo; y alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y un hipotético encarecimiento del precio de los viajes. También los hoteleros, a través de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), han mostrado su rechazo a la norma y anuncian que estudian acciones legales. Y aseguran que están dispuestos a colaborar con Interior para que España sea un destino turístico seguro, pero insisten en que bastaría con solicitar el DNI o el pasaporte al viajero y transmitir esos datos a la policía, en lugar de "someter a nadie a un interrogatorio".

Se trata de una ley que no servirá para combatir el terrorismo internacional, como aduce el Ministerio del Interior. Pero dañará la imagen de España y, por tanto, perjudicará a la industria turística, pues los clientes se sentirán sometidos a un exhaustivo interrogatorio policial que atenta contra su intimidad y temerán que sus datos bancarios puedan verse sometidos a estafas. Un despropósito de Marlaska que provocará el rechazo de los viajeros en lugar de proporcionarles seguridad. Los medios de comunicación extranjeros, en especial los británicos, ya han emprendido una campaña para denunciar “El Gran Hermano español.”