Cerca de un millar de chóferes, 845 si se quiere exactitud, trabajan para Pedro...
Cerca de un millar de chóferes, 845 si se quiere exactitud, trabajan para Pedro Sánchez y sus cómplices según informa en El Confidencial Borja Negrete. Resulta que, además del número de ministros, de altos cargos que se multiplican, de funcionarios que caminan hacia los cuatro millones, de tantos centenares y centenares de asesores y de incontables empresas públicas innecesarias, todos en crecida, Pedro Sánchez ha decidido que los sanchistas se merecen un coche y un chófer, ya que el tráfico agobia a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos.
707.891 euros, pagados por los contribuyentes, ha destinado el presidente del Gobierno para vestir adecuadamente en 2025 a los chóferes en cuestión. 600 vehículos, la mayoría de alta gama, están al servicio de los dirigentes sanchistas. Sólo en lavar semejante flota, los contribuyentes, sangrados a impuestos hasta la hemorragia, tuvieron que pagar 72.418 euros en el año 2023. Los coches oficiales gastaron en gasolina, 363.104 litros, a los que es necesario sumar las cuentas de electricidad de los vehículos eléctricos o híbridos.
Nadie discute que los altos cargos deben disponer de un automóvil oficial debidamente atendido. Pero con Pedro Sánchez la norma se ha extendido encareciéndose hasta cifras alarmantes. No, ni España ni los españoles que tributan pueden atender la crecida alarmante del gasto público, tantas veces suntuario, en ocasiones abiertamente innecesario. Pedro Sánchez no repara en gastos. A diferencia de las empresas serias, él arregla las cosas fácilmente subiendo los impuestos y acrecentado una deuda pública asustante que camina hacia los dos billones de euros.
Tal vez no sea mala idea recordar que en 1978 el Estado disponía de 700.000 funcionarios y que ha multiplicado por cinco la cifra de empleados públicos. Sin que se beneficie la ciudadanía. Al contrario, para justificar el sueldo muchos de los empleados innecesarios se inventan trabas burocráticas que agobian a aquellos que en las Administraciones públicas deben resolver los trámites incesantes que les imponen.
