Begoña Gómez solo responde a su abogado para negar el intrusismo y la apropiación indebida

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha negado ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, en la que no se apropió de ninguna marca, y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública.

Ha asegurado asimismo que "nunca se lucró", ni pretendió lucrarse, gracias a su relación profesional con la Universidad Complutense, según han informado fuentes jurídicas.

La mujer del jefe del Ejecutivo ha comparecido este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada por los dos nuevos delitos que le imputó recientemente en relación con la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Complutense (intrusismo y apropiación indebida) que se unen a los dos por los que ya la investigaba (corrupción en los negocios y tráfico de influencias).

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha explicado a la salida de los juzgados que ella "se ha comportado siempre de una manera correcta, en coordinación con la Universidad Complutense", y que "si firmó un pliego prescripciones técnicas es porque la normas de la Complutense así lo exigen".

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado a las diez de la mañana al juzgado madrileño de Plaza de Castilla y ha declarado por primera vez a preguntas de su abogado, Antonio Camacho, para tratar de combatir la nueva imputación que acordó en su contra el juez Juan Carlos Peinado por la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Gómez ha accedido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en la sexta planta, vestida de negro acompañada por personal de seguridad de Presidencia del Gobierno.

A los pocos minutos el juzgado ha decidido que la declaración se celebraría en una sala de vista de la tercera planta, adonde se han trasladado Begoña Gómez y todas las partes. A esta sala ha entrado con paso rápido y escoltada.

Como en las dos ocasiones anteriores, la esposa de Sánchez ha accedido a la sede judicial en coche por el garaje, como acordó la jueza decana de Madrid tras solicitarlo así Presidencia del Gobierno, con el objetivo de garantizar su seguridad.

La investigación a Begoña Gómez, iniciada en abril tras una denuncia de Manos Limpias, coge impulso la semana antes de los festejos de Navidad con tres declaraciones: la suya y la del exconsejero madrileño Juan José Güemes, citados como investigados el miércoles, y la de una asesora de Moncloa, como testigo, el viernes.

Comparecencias que girarán en torno a la faceta profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la cátedra que codirigió, y a su contratación como directora del África Center, organismo que pertenece al Instituto de Empresa (IE), del que es directivo Güemes.

Tercera visita al juzgado

Desde que se abrió la causa, Begoña Gómez ha ido dos veces al juzgado: en la primera se suspendió su comparecencia porque no se le notificó la querella que presentó contra ella la asociación ultracatólica Hazte Oír; y en la segunda, la investigada se acogió a su derecho a no declarar.

Este miércoles acude de nuevo para declarar por los presuntos delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación al proceso de contratación de un software para el máster de la cátedra que codirigió en la Complutense.

El juez le imputó hace unos meses estos nuevos delitos -que se unen a los de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios- tras admitir una segunda querella de Hazte Oír, que le atribuía haber inscrito a su favor el software para la cátedra Transformación Social Competitiva y haber redactado unos pliegos para la contratación.

En su defensa, su abogado aseguró en un escrito que Gómez firmó aquellos pliegos porque la Complutense se lo requirió y rechazó cualquier irregularidad.

Y es en este punto donde se enmarca también la declaración el viernes como testigo de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, cuyo nombre apareció en una cadena de correos aportados por el abogado de Gómez al juzgado.

Se trata de comunicaciones enviadas desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad a un conjunto de personas, entre ellas Álvarez, sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con la Plataforma de Gestión y Mediación de Impacto para la Pequeña y Mediana Empresa que -decía uno- "debe firmarlo" Begoña Gómez.

En el sumario también obra otro correo enviado por Álvarez, directora de Programas de Presidencia, desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de la empresa Reale.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", escribe.

Acceso directo por el garaje

Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid bajo las mismas medidas de seguridad que se han decretado para sus comparecencias anteriores: accederá por el garaje y se limitará el acceso a la planta en la que se ubica el Juzgado de Instrucción número 41. Poco antes de las 10 se ha podido ver un coche con los cristales tintados, accediendo a los juzgados bajo estrictas medidas de seguridad.

Así lo ha establecido el Acuerdo Gubernativo publicado por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, al igual que decretó para los anteriores comparecencias de Gómez (el 5 y el 19 de julio). La jueza decana accede a la petición del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno para que la investigada acceda a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje, al advertirse "un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez".

Explica que Presidencia hizo esta petición "con la finalidad de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada, como de su equipo de seguridad", y adjuntó un informe en el que se señala que "existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones e insultos a través de megafonía, con exhibiciones de diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada".

La jueza decana destaca además que para este miércoles se ha convocado una concentración en las inmediaciones de los juzgados por la asociación ultracatólica Hazte Oír.

Por todo ello, y a pesar de que la norma general es que los comparecientes entren por la zonas comunes, accede a que la investigada vuelva a entrar por el garaje.

También decreta, como hizo de cara a la segunda declaración de Gómez en julio, que solo accedan a la sexta planta del edificio -donde está el Juzgado de Instrucción 41- "los magistrados, letrados de la administración de justicia y funcionarios que presten sus servicios en los juzgados de instrucción números 17 a 20 y 37 a 42".

Y precisa que las personas que quieran acceder a esa zona "deberán acreditar que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional".

La decana también expone, como hizo en los dos acuerdos anteriores, que siempre trata de amparar el derecho fundamental a la libertad de información y ordena de nuevo que solo estén en la sexta planta las agencias de noticias Colpisa, EFE, Servimedia y Europa Press, acompañados por un representante del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.