El llamado vía crucis judicial de Pedro Sánchez con sus múltiples acusaciones de corrupción a miembros del Gobierno no parece ser un bulo de la ultraderecha, como dicen Pedro Sánchez y todos sus voceros. Ha sido el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, quien ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda elevar formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro y diputado José Luis Ábalos.
El magistrado argumenta que ha encontrado "indicios bastantes" de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. No se trata, pues, de un bulo inventado por la “fachosfera”, ni de un complot de los medios de comunicación aliados con “algunos jueces”. El magistrado Leopoldo Puente ha encontrado “indicios bastantes” para solicitar al Congreso el suplicatorio del que fuera mano derecha del presidente en el PSOE y en el Gobierno para suspender su inmunidad parlamentaria.
Ni las más que sospechosas auditorias encargadas por Óscar Puente para tapar las vergüenzas de su antecesor en el cargo han convencido al juez. La trama de corrupción que se dirime en los tribunales pone en evidencia, cuanto menos, que el triángulo formado por Aldama, Koldo y el propio Ábalos formaba una “organización criminal” para adjudicar contratos públicos con el propósito de obtener beneficios económicos. “En particular, según el juez, "los relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad”. Se confirmaría así lo más grave de la presunta trama. Que los acusados de corrupción, aprovecharon la tragedia de la pandemia para enriquecerse. Al tiempo, comienzan a salir a la luz las sospechas de que parte de esos millones que presuntamente se repartían los cabecillas de la trama terminaba en Ferraz, lo que abonaría la acusación de una financiación ilegal del PSOE.
Se trata, en cualquier caso, del primer caso de corrupción que salpica al Gobierno. Todavía quedan más. Pues el volcado del móvil de Aldama podría aportar nuevas pruebas que indicarían que la trama de las mascarillas podría implicar a varios Ministerios y a sus respectivos ministros. Mientras, Begoña Gómez intenta zafarse de sus acusaciones, el hermano del presidente está pendiente de declarar ante el juez y el fiscal general del Estado parece tener difícil poder evitar ser condenado por revelación de secretos.
Cada día que pasa, Pedro Sánchez está más acorralado. Pero en su defensa, el único argumento para rebatir a la Oposición, ha sido alardear en el Congreso de los Diputados de la “calidad democrática de España”. Como si él fuera el adalid de la democracia, después de asaltar las Instituciones y acusar a los jueces de estar aliados con el PP, que juega con “las cartas marcadas”. Pero, en este caso, ha sido el magistrado del Tribunal Supremo el que ve “indicios bastantes” de que su exministro y mano derecha ha cometido cuatro delitos gravísimos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Y, no. No es un bulo.
Si (
No(
