Los investigadores de la Guardia Civil sobre la filtración de los correos del novio de Ayuso sospechan que tanto La Moncloa como la Fiscalía General del Estado (esto es, Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz) pudieron cometer el delito de revelación de secretos con el propósito de atacar a Díaz Ayuso. Un informe de la UCO acusa a los secretarios de Estado de Comunicación, Ion Antolín y Frances Vallés, además de a la jefa de Gabinete de Óscar López, entonces jefe de Gabinete del presidente, de estar involucrados en la operación. La Guardia Civil también denuncia el sospechoso e inexplicable borrado de los datos del móvil del fiscal, precisamente en las fechas de la filtración. En ambos casos, la UCO confirma las sospechas sobre los autores de esa filtración de los correos entre los abogados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y Hacienda para atacar a una rival política y tapar así los casos de corrupción que salpican al Gobierno.
Se ha comprobado que el fiscal general del Estado borró los datos de su móvil, precisamente cuando la Guardia Civil le investigaba por revelación de secretos. De hecho, la UCO ya denunció a García Ortiz por manipular su teléfono mientras se producía el registro de su despacho. Se trataría de una prueba de que estaba borrando las pruebas. Y la participación de los secretarios de Estado en el envío del email a Juan Lobato para que atacara a Ayuso en la Asamblea de Madrid demostraría la responsabilidad directa de Moncloa en la operación de acoso y derribo de su gran adversaria política.
Unos hechos reprobables que no son nuevos. Pues una práctica habitual de Pedro Sánchez desde que gobierna se basa en el uso y abuso de la maquinaria del Estado en beneficio propio. Y ahora más que nunca necesita esa maquinaria para intentar salir del atolladero en que se encuentra por los casos de corrupción que le acechan. Esa maquinaria del fango que delata el desprecio a la democracia del presidente del Gobierno.
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