La financiación singular para Cataluña ha sido la piedra angular del pacto entre el PSC y ERC para aupar a Salvador Illa como presidente de la Generalidad. No se trata tan sólo de una nueva concesión de los socialistas para contentar a las fuerzas políticas del independentismo, que sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa. Desgajar una Hacienda catalana propia de la caja común de los contribuyentes supone, de facto, un cambio del modelo de Estado.
Se trata de una de las principales conclusiones de un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). En el informe, el fiscalista Alberto García Valera señala que la fragmentación de la Hacienda, tal y como hasta ahora se ha planteado, nos llevará a un sistema confederal, con serios riesgos en términos de equidad, cohesión territorial y eficiencia.
Como han denunciado numerosas voces desde que se hizo público el acuerdo, la financiación singular para Cataluña choca frontalmente con la Constitución. También, como señala este informe, con la propia doctrina de integración y coordinación de las Administraciones Tributarias que promueve la Unión Europea o la OCDE.
La fragmentación de la Hacienda Pública supondrá graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, aumentará los costes administrativos para el ciudadano y recaudará menos. Una Agencia Tributaria troceada añade un nuevo escalón de dificultad burocrática que beneficiará a los grandes defraudadores y perjudicará a los ciudadanos, tal y como advierte FEDEA.
También la seguridad jurídica -tan reclamada por los inversores nacionales e internacionales- se verá seriamente afectada por la aparición en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos, algo que puede ahuyentar los capitales.
Una medida, en definitiva, que perjudicará a las empresas y a los ciudadanos, cuya única justificación se encuentra en las ansias por vaciar la administración catalana de competencias estatales, con la vista puesta en la independencia final de Cataluña. Un atropello a la Constitución y a las competencias fijadas sobre la Hacienda Estatal que sólo un Gobierno más interesado en la supervivencia que en el bien común podría consentir. La necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica no puede ser la excusa para colar el caballo de Troya. Una Hacienda pública dividida es una seria amenaza para el modelo de Estado democrático que surgió de la Constitución de 1978 y que ha traído para España su más brillante periodo de paz y prosperidad.
Si (
No(
