Starmer rechaza investigar el escándalo de las violaciones masivas a niñas

El primer ministro británico, Keir Starmer, consideró innecesario este miércoles abrir una investigación a nivel nacional en el Reino Unido, como piden los conservadores, sobre el escándalo de bandas de origen pakistaní que violaron, abusaron, torturaron, traficaron y explotaron sexualmente a al menos 1.500 niñas entre 1997 y 2013.

En la sesión semanal de control al primer ministro en la Cámara de los Comunes, el líder laborista se refirió al escándalo que domina esta semana el debate político sobre esas bandas, en gran parte de origen paquistaní y en distintas zonas del país, que hace más de 20 años captaban a niñas para después abusar de ellas.

La polémica se desató después de que el millonario tecnológico Elon Musk acusase hace unos días a Starmer de haber sido "cómplice" del fracaso de las autoridades de proteger a las víctimas y procesar a los abusadores cuando fue director de la Fiscalía entre 2008 y 2013.

En una publicación en la red social X, Musk acusó a Starmer de ser "cómplice" de "violaciones masivas a cambio de votos" en sus años al frente del Servicio de Fiscalía de la Corona (2008-2013), en referencia a la oleada de casos de abusos de menores a manos de bandas organizadas (bautizadas en inglés como 'grooming gangs'), integradas en su mayoría por hombres de origen paquistaní.

Distintas investigaciones revelaron el alcance de un escándalo que afectó, entre los años 80 y alrededor de 2014, a miles de menores de localidades como Rotherham, Cornualles o Bristol, al tiempo que evidenciaron la falta de respuesta de las autoridades.

A raíz de las acusaciones de Musk, múltiples publicaciones en redes sociales sugieren que el escándalo ha estallado recientemente y aseguran que el número real de víctimas oscila entre 20.000 y 200.000 y que los abusos se extendieron desde 1990 hasta 2024, gracias, en parte, al supuesto silencio judicial y mediático que imperó en esos años.

Ante la insistencia de la líder conservadora, Kemi Badenoch, para que el Gobierno abra una pesquisa nacional -a pesar de que hubo varias al respecto pero a nivel local en el pasado-, Starmer afirmó hoy en la cámara baja que las víctimas quieren ahora "acción" y no otra investigación, por considerar que ésta llevaría años. En cambio, el primer ministro urgió a Badenoch a que apoye un proyecto de ley ahora en curso cuyo objetivo es convertir en delito el no informar o encubrir cualquier caso de abuso sexual infantil.

Starmer instó a Badenoch a que abandone su petición de una investigación nacional porque implicaría descarrilar esa legislación destinada a reforzar la seguridad de los niños.

Los conservadores han presentado una enmienda a ese proyecto de ley -titulado de Bienestar Infantil y Escuelas- exigiendo una nueva investigación nacional sobre las bandas, por lo que si los diputados la respaldan, la pieza legislativa tendrá dificultades para avanzar.

Badenoch dijo hoy en los Comunes que no respaldar una investigación podría ser interpretado como un intento de "encubrimiento" por parte del Gobierno y que la pesquisa nacional podría establecer si hubo una motivación "racial o cultural" detrás de los abusos.

Agregó que es muy probable que estas actividades de seducción con fines de explotación aún continúen en algunos lugares del país. Starmer recalcó que una pesquisa puede quedar terminada en el año 2031 y que es necesario aplicar medidas ahora.

El escándalo también se profundizó después de salir a la luz que la viceministra para la Protección de Mujeres y Niñas, Jess Phillips, rechazó los pedidos del Ayuntamiento de Oldham -dentro del llamado Gran Manchester, norte inglés- para una investigación gubernamental sobre las bandas de seducción históricas en la ciudad.

Un caso que conmocionó a Reino Unido

Las primeras investigaciones acerca de estas redes de explotación de menores comenzaron en los 90, pero fue principalmente a partir de la década de 2010 cuando las pesquisas evidenciaron el alcance de este escándalo, del que no existen pruebas de encubrimiento por parte de Starmer y de la prensa ni de que el caso haya seguido hasta la actualidad y haya afectado hasta a 200.000 menores.

En 2011, el periódico The Times publicó un extensa investigación sobre estas bandas, formadas predominantemente por hombres asiáticos, que durante más de una década habían abusado de "centenares jóvenes" de entre 11 y 16 años en el norte y el centro de Inglaterra.

En 2014, una investigación independiente elaborada por la académica Alexis Jay apuntaba a que al menos 1.400 niños fueron objeto de explotación sexual en Rotherham entre 1997 y 2013. El informe constató que las víctimas fueron "violadas por múltiples agresores", "secuestradas", "golpeadas e intimidadas" e incluso hubo ejemplo de niños "rociados con gasolina" y "obligados a presenciar violaciones". Tras este informe, la Agencia Nacional del Crimen puso en marcha una investigación, bautizada como 'Operación Stovewood', en la que, hasta la fecha, se han identificado a más de 1.150 víctimas y detenido a 220 personas, tanto de origen extranjero como británico.

Otro informe de 2022 dirigido por Jay, esta vez encargado por la Cámara de los Comunes, recogía casos datados en ciudades como Oldham, Oxford o Rochdale.

Ese mismo año, otra publicación revelaba que en la localidad de Telford más de mil menores fueron explotadas sexualmente durante décadas ante la incapacidad de las autoridades para investigar a los "delincuentes envalentonados".

Ninguna de estas informaciones documenta casos que se hayan dado en la última década, a pesar de lo que afirman las publicaciones de redes sociales.

Sin pruebas de la implicación de Starmer

Keir Starmer estuvo al frente del Servicio de Fiscalía de la Corona entre 2008 y 2013. Bajo su mandato, el citado organismo calificó de "poco fiable" el testimonio de una víctima en Rochdale tras una investigación realizada entre 2008 y 2009, una criticada decisión que impidió llevar el caso a juicio.

En 2011, Nazir Afzal, quien fue nombrado por Starmer fiscal jefe para el noroeste de Inglaterra, revocó la decisión tras asumir el cargo. En 2013, el ahora primer ministro ordenó una amplia reestructuración de la respuesta de la Fiscalía a los delitos de explotación sexual contra menores y reconoció que el sistema judicial británico había fallado a una generación de niñas por culpa de una "serie de suposiciones, mitos y estereotipos" sobre las agresiones sexuales.

En este sentido, la comisión de Asuntos Interiores de la Cámara Baja destacó en un informe de 2013 que, a diferencia de otros organismos, el Servicio de Fiscalía de la Corona reconoció que "las víctimas habían sido defraudadas" e intentó "tanto descubrir la causa de este fallo sistemático como mejorar la forma en que se hacen las cosas para evitar que se repitan estos hechos".

En este sentido, destacó las medidas aplicadas por Starmer para "mejorar el tratamiento de las víctimas de agresiones sexuales en el sistema de justicia penal".

Un año después, el informe de Alexis Jay determinó que Starmer había establecido un nuevo conjunto de directrices en torno a la persecución de la explotación sexual infantil para evitar que se repitieran errores anteriores.

Ni en ese reporte ni en el resto de informaciones que se han publicado hasta la fecha hay evidencia alguna que pruebe que Starmer entorpeció o bloqueó personalmente las investigaciones.

No hay un dato total de las víctimas

Según la BBC, no existen datos concretos sobre el número de víctimas de las "grooming gangs", ya que los registros no distinguen a los menores abusados sexualmente por el tipo de agresor.

Los casos y operaciones documentados en el informe de Alexis Jay de 2022 dejan un balance de más de 600 víctimas y más de 100 condenados, sin contar los más de 1.150 menores identificados y los 39 procesados en la 'Operación Stoverwood'. En conclusión, a pesar de lo que sugiere Musk y usuarios de redes sociales, nada prueba que Starmer intercediera para frenar las investigaciones de los casos de abusos a menores por parte de bandas en Reino Unido, unos hechos que fueron documentados e incluso destapados por la prensa.

Además, tampoco hay evidencia de que se hayan registrado casos hasta 2024, diez años después de que estallara el escándalo, ni de que el número de víctimas alcance las 200.000.