En la tragedia provocada por la gota fría el día 29 de octubre del pasado año en Valencia se manifestó una vez más la degradación del Estado Social y del régimen político español. A partir de un ethos que defiende el interés general, la función principal del Estado Social consiste en proteger las condiciones de la existencia de los ciudadanos. El Estado se asienta en un régimen democrático de partidos como medio para elegir legalmente a sus representantes, y en un aparato ampliamente institucionalizado al objeto de dar seguridad a la sociedad –la voluntad racionalizadora- y mantenerla articulada. A causa de la cada vez mayor recaudación fiscal -una expoliación de las rentas de trabajo y del ahorro de la ciudadanía por los privilegiados-, cuenta con abundantes recursos de los que podría disponer si aparece una situación de emergencia colectiva. Pero si el mayor dinamizador del sistema político español, el Gobierno –la oligarquía títere sometida a otras oligarquías-, por incapacidad o por la falta de voluntad para afrontar estas situaciones, no dispuso que las fuerzas especiales ayudaran a los afectados, la gente llegará a cuestionarse la utilidad de la organización política y social.
No era una novedad que el Gobierno –insensible ante cualquier drama de los ciudadanos españoles- se despreocupase de los graves problemas por los que había pasado mucha gente. Probablemente su inacción forma parte del proceso de deslegitimación de todas las jurisdicciones nacionales a las que se les está vaciando rápidamente de eficacia para cumplir con el objetivo de ir destruyendo tanto el Estado como la Nación -¿para entregarlas a otros poderes exteriores?-.
Cuando la vida y las propiedades de mucha gente fueron arrasadas por la gota fría, el Ejecutivo decidió dejar al Estado Social en stand by, en posición “expectante”, ¿quizá con la benévola pretensión de fortalecer la ayuda mutua entre los muertos y los que perdieron todo? La consecuencia fue que a las personas les fueron sustraídas las garantías jurídicas en cuanto se les privó de las prestaciones públicas a que tenían derecho. Igualmente, el Gobierno, al trasgredir las garantías constitucionales, mostró la ineficacia del aspecto jurídico normativo del Estado Social de Derecho, puesto que no sólo se olvidó de “las prestaciones vitales” (E. Forstoff), sino que omitió el deber de socorro colectivo, de manera más amplia al acto individual concretado en el art. 196 del Código Penal. Es decir, que el resultado fue vulnerar, por omisión o inacción voluntaria, la tutela jurídica y quebrantar el más importante derecho subjetivo: la vida humana. Por lo cual cuando se dice que el hombre crea el Derecho para sus fines vitales, deberá añadirse que, en el Estado español, el Gobierno, lo está destruyendo para que las personas no alcancen tales fines.
El Gobierno monclovita aprovechó la especial circunstancia por la que pasó la Comunidad Valenciana para cuestionar toda la racionalización de la administración pública, que se reveló como una organización amorfa, sin capacidad de movimiento cuando fue reclamada ante una urgente necesidad, por lo cual elevó las consecuencias de la tragedia al no llevar a cabo las imprescindibles prestaciones sociales ni la protección y seguridad de las personas que el momento exigía. De hecho, la política ambientalista y ecologista del Ejecutivo basada en el proteccionismo medioambiental, demostró ser una costosa y enorme falsedad, que estaba sirviendo para que los guardianes del medio ambiente hicieran unos fructíferos negocios a costa de los sacrificios de los ciudadanos. De la misma manera deberá entenderse que el gobernante no haya tomado ninguna medida efectiva, ya que era un momento propicio para conseguir sus objetivos ideológicos a costa de las víctimas. La ruina de mucha gente y, peor aún, el fallecimiento de tantas personas ha servido al propósito del Gobierno colectivista de adelantar el proceso de disolución de las instituciones y desestructurar cada vez más al Estado, centrándose especialmente en eliminar la función fiscalizadora de la juridicidad. De esta forma está consiguiendo socavar la unidad nacional –“la unidad indivisible de la Nación española”-, enervar la convivencia social y empobrecer a la mayor parte de los ciudadanos.
De modo que la deposición o voluntaria negación de ayuda del Gobierno a los afectados, confirma que sólo se puede esperar de él un ejercicio de poder tiránico y explotador contra gran parte del Pueblo. En su ánimo está fomentar el desorden y reducir el orden jurídico a la servidumbre –derechos sólo para los privilegiados-, sometido a un decisionismo en el que el Derecho dejará de tener su propia realidad objetiva, acabando así con la libertad que requiere la autodeterminación de las personas y la menor dependencia del poder político.
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No(
