Patxi López ha pasado uno de los más humillantes momentos de su carrera política al verse obligado a anunciar, y a defender, el último mazazo a la independencia de la Justicia que planea Pedro Sánchez. Ya sin pudor, desesperado por el cerco judicial que le aprieta el pescuezo al presidente y pone en peligro su carrera política, el portavoz del PSOE ha presentado una iniciativa legislativa que establece limitaciones a la acusación popular y busca que no se abran casos por informaciones periodísticas. No es fácil que el Gobierno sea capaz de aprobar dicha proposición de ley con su minoría parlamentaria actual. Pero su intención no es otra que salvar el pellejo de Sánchez, indultar a su mujer y a su hermano y tapar todos los casos de corrupción que acorralan a medio Gobierno. En su día, por un puñado de escaños para ser investido, aprobó una ley de amnistía para favorecer al golpista Puigdemont y, anteriormente, indultó a los compinches del intento del golpe, como Junqueras, para permanecer en el poder. Pero ahora, tiene que “amnistiarse” a sí mismo, pues es el principal responsable, quizás también sospechoso, de las presuntas corrupciones de sus familiares, de “su” fiscal general y de sus ministros. Con sorna, el PP ha bautizado la propuesta como “ley Begoña”.
De ser aprobada por el Congreso, la ley prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos para, según Patxi López “ garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". La gran desfachatez del portavoz socialista se produjo cuando declaró que” todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común, que es la judicialización de la política, una consecuencia fatal para la imagen de la imparcialidad del Poder Judicial".
De modo que, según Patxi López, lo que busca el Gobierno es despolitizar la Justicia. Y lo dice después de asaltar el Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado, de nombrar fiscal general a un lacayo de Pedro Sánchez y de acosar e insultar a los jueces que han imputado a Begoña Gómez, a David Sánchez y al fiscal general.
Se trata, más bien, de una “ley de impunidad” para controlar la acción de la Justicia, precisamente cuando los casos de corrupción cercan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. Y tendría carácter retroactivo, pues sólo busca paralizar los procedimientos judiciales que ya están siendo instruidos. En efecto, ya sin careta, sin pudor, Pedro Sánchez sólo busca amnistiarse a sí mismo para evitar la mera posibilidad de tener que sentarse en el banquillo por ser responsable de todos los casos de corrupción que afectan al Gobierno y a su familia.