La propuesta de vivienda de Sánchez y por qué ya nadie le cree

A lo largo de las legislaturas de Pedro Sánchez, el problema de la vivienda ha ido escalando entre las principales preocupaciones de los españoles, hasta situarse como la primera de ellas, según el por otra parte desprestigiado Centro de Investigaciones Sociológicas. Tan sólo en el último año, la vivienda ha escalado 10 puestos entre los asuntos que atosigan a la ciudadanía, y la maquinaria política ya se ha puesto en marcha con grandes anuncios que el sector ha recibido con una mezcla de escepticismo, estupor y preocupación.

Del cónclave del Partido Popular en Asturias, el pasado fin de semana, que reunía a Feijóo con sus barones autonómicos, surgía un compromiso que, si bien no es ninguna solución definitiva, sí va por el buen camino. Buscan aumentar la oferta del alquiler, facilitar el acceso a las hipotecas, bajar los impuestos y proteger frente a la ocupación ilegal.

Por otro lado, el Gobierno se desmarcaba con otra batería de medidas que caminan en el sentido contrario. A falta de una mayor concreción, se trata de 12 grandes anuncios que van en la senda de un mayor intervencionismo en el mercado de la vivienda. Se pretende marcar los precios del alquiler, perseguir los pisos turísticos y las llamadas socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), además de limitar las compras de extracomunitarios no residentes, algo que ya ha hecho saltar las alarmas entre la nutrida comunidad británica que vive en España, como la prensa londinense se ha apresurado a reflejar.

Intervenir los precios nunca será la solución adecuada, como se ha demostrado en numerosas ocasiones. Lo único que se conseguirá es introducir factores de desequilibrio en el mercado, que a largo plazo redundarán en nuevos problemas. La primera consecuencia lógica de las medidas del Gobierno es la reducción de la oferta de las viviendas en alquiler en el sector privado. De hecho, un estudio de Fotocasa Research muestra que un 36% de los propietarios considera “muy probable” que se decida a retirar su inmueble del mercado en las próximas fechas.

En España hay un importante déficit de viviendas, que crece cada año y que explica en buena medida el alza de los precios que se viene observando. Cualquier intervención política debe tener en cuenta esta circunstancia. Se ha de construir a un ritmo mayor para dar abasto a la creciente demanda, si se quiere destensar los precios. De nada sirven anuncios grandilocuentes sin una estrategia a medio y largo plazo que involucre a las distintas administraciones y a los actores del sector. Es preciso, en suma, tener una visión pragmática para un problema de largo recorrido en un país cuyas competencias sobre vivienda están descentralizadas. Para alcanzar soluciones se ha de escuchar a todo el mundo y no cerrar los ojos ante la realidad de miles de propietarios que ya no se fían de un mercado al albur del capricho político, sin seguridad jurídica ni estabilidad regulatoria.

Acierta el Gobierno cuando propone medidas encaminadas a aumentar el parque de vivienda pública. Lo único que ocurre es que ya nadie le cree. Empeñado en manipular la llamada ‘memoria democrática’, olvida que los ciudadanos tienen memoria reciente. El pasado año, sin ir más lejos, prometió 43.000 viviendas de alquiler asequible en otro gran anuncio mesiánico. De ellas, nada se sabe.